Estela Ambriz Delgado
Las comunidades mazahua, otomí y mixteca baja denunciaron discriminación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), por lo que exigieron que se resuelvan las 10 quejas pendientes, se emitan las recomendaciones correspondientes y se solicite la comparecencia de su titular ante el Congreso del Estado.
La comunidad mazahua, representada por Joaquín Martínez García en su calidad de víctima ante la CEDH con folio REGEV-523/2025; la otomí, representada por Juana Francisco Juan, y la mixteca baja, representada por Carmen G. Mendoza Ríos con folio REGEV-522/2025, manifestaron a través de un comunicado una profunda inconformidad con el desempeño de la titular del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
Al respecto, detallaron algunos hechos que muestran que la Comisión es selectiva y sirve al poder, y como ejemplo de ello mencionaron la Recomendación 10/2026, emitida en solo seis meses a favor del diputado Héctor Serrano Cortés por la frase “no es ni potosino”, mientras que las comunidades llevan hasta tres años esperando justicia.
Indicaron que, en total, tienen 10 quejas formales pendientes por violaciones sistemáticas cometidas por autoridades municipales, estatales y federales por la falta de agua, pavimentación, el incumplimiento de los planes de desarrollo social y la exclusión de la consulta previa, libre e informada sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIA).
“Hasta hoy ningunas medidas cautelares, CERO recomendaciones emitidas a favor de nuestras comunidades indígenas. Incluso solicitamos medidas precautorias que fueron ignoradas”.
En el mismo sentido, indicaron que tuvieron que acudir al Congreso del Estado el pasado 7 de octubre para pedir por escrito la comparecencia de la presidenta de la CEDH y del titular de la CEEAV, Juan Gerardo Castillo Mata, debido a que este último se niega a atenderlos y a darles audiencia.
“La CEDH atiende rápido cuando hay intereses políticos y de gobierno, pero abandona a los pueblos y comunidades originarios históricamente discriminados y vulnerables de la capital”.
Por ello, exigieron que la CEDH resuelva de inmediato las 10 quejas pendientes de las comunidades mixteca baja, mazahua y otomí, y emita las recomendaciones correspondientes.
Asimismo, solicitaron la comparecencia pública de Argüelles Moreno ante el Congreso del Estado y el cumplimiento del artículo 22 de la Ley de la CEDH, referente a la integración inmediata de un representante indígena al Consejo del organismo.
Finalmente, demandaron que la comisión aplique el mismo criterio de celeridad y máxima protección que usó para un actor político con los pueblos originarios que son un grupo de atención prioritaria y con la ciudadanía en general.
“No pedimos disculpas simbólicas. Pedimos agua, piso firme, permisos para vender nuestras artesanías sin ser perseguidos, y que no se nos trate como ciudadanos de segunda en nuestra propia capital”.
