Estela Ambriz Delgado
El colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ expresó que es necesario que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) atienda la exigencia de las comunidades indígenas de participar en el diseño metodológico de la consulta que deberá realizar a los pueblos tének y nahua de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, sobre el cambio de sistema de elección de partidos por el de usos y costumbres.
En relación con la consulta, que fue ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde el pasado 23 de septiembre, y apenas el 27 de octubre el Ceepac reconoció formalmente la competencia del organismo en sesión, la organización puntualizó diversos aspectos que este no debe perder de vista.
En primer lugar, señalan que la Sala Superior determinó, por unanimidad, que las comunidades indígenas son sujetos de derecho público, lo que significa que decidir transitar a un Sistema Normativo Interno (de usos y costumbres) para elegir a sus autoridades no es una “concesión” del Estado ni depende de un permiso del Congreso, es el ejercicio directo de su derecho al autogobierno.
Asimismo, se destacó que el organismo electoral está obligado a organizar la consulta y traducir la sentencia en las lenguas maternas, gracias al logro de las comunidades tének y nahua que resistieron frente al criterio sostenido previamente por el Ceepac, el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional Monterrey, los cuales habían considerado que la consulta correspondía al Congreso del Estado.
Jól Dhut’ – Timél Ja’ también apuntó a que, aunque las comunidades tének y nahua celebran el fallo garantista, señalan una omisión crítica: que la sentencia no sanciona la dilación de más de seis años por parte de autoridades anteriores que ignoraron el marco constitucional del Estado.
Por ello, los pueblos indígenas exigen participación en el diseño metodológico de la consulta, transparencia en el presupuesto y certeza en el proceso de consulta, como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No obstante, durante la sesión ordinaria del Ceepac del pasado 27 de octubre, se aprobó un acuerdo en el que únicamente se hizo el reconocimiento formal de la competencia del organismo electoral, sin establecer aún un calendario, una metodología ni las etapas para desarrollar el procedimiento.
Por otra parte, el colectivo explicó de qué forma se autogobierna un municipio con 90 por ciento de población indígena. La clave está en la Asamblea General Comunitaria, que es quien decide de manera directa y en plenaria en qué y cómo se emplea el presupuesto, en rubros como seguridad, agua, caminos, salud, educación, cultura, entre otros, a través de comités de administración y vigilancia.
Como ejemplo de esta forma de autogobierno, mencionan a Oaxaca como el estado con mayor avance en la materia. Más de 400 de sus 570 municipios, es decir, más del 70 por ciento, se rigen por sistemas normativos internos para la elección de sus autoridades, basados en sus propias tradiciones y formas de organización.
Anteriormente, Jól Dhut’ – Timél Ja’ ha cuestionado si la resolución de la Sala Superior será suficiente para superar la resistencia institucional que ha caracterizado al estado, pues la historia reciente muestra que las sentencias por sí solas no garantizan su cumplimiento. Además de que la misma es el eslabón más reciente de una cadena de omisiones institucionales que se remonta al menos a 2021, cuando las comunidades tének y nahua presentaron sus primeras demandas ante la omisión del Ceepac para garantizar su derecho a la consulta.
De igual forma, han puntualizado que el fallo determinó que el proceso debe llevarse en coordinación con las comunidades, y que la decisión comunitaria orienta la actuación de las instituciones públicas, las cuales quedan obligadas a garantizar el procedimiento y adoptar las medidas necesarias en caso de que la comunidad ratifique el cambio de régimen normativo.





