Estela Ambriz Delgado
Comunidades que se encuentran amparadas para recibir el pago completo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), piden al Gobierno Federal y otras instancias que se intervenga e investigue su caso, además de que se proceda conforme a la ley contra los servidores públicos que les impiden el acceso a los recursos.
A través de integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), 13 comunidades de seis municipios en la zona Huasteca en San Luis Potosí, dirigieron una solicitud a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; y a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para exigir su intervención.
En el documento explican que la Secretaria de Bienestar incumple las suspensiones provisionales y definitivas concedidas a los amparos interpuestos para evitar que les sean recortados los recursos del FAISPIAM, pues ni siquiera se les permite acceder al presupuesto con recorte de 38 millones 956 mil 042 pesos.
Con estas acciones se ha afectado a por lo menos 24 mil 168 personas, entre ellos niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres indígenas náhuatl y tének, mismas que mayoritariamente viven en condiciones de grado alto de rezago social.
En esta situación se encuentran Acatitla, del municipio San Martín Chalchicuautla; Piaxtla, La Garza, y Tamarindo, del municipio Tancanhuitz; Tocoy, San Pedro, Tanjasnec, y Tanchahuil, del municipio San Antonio; Tampate, y Tampaxal, del municipio Aquismón; Coromohon, del municipio Tanlajás; y Tepetate, de Tamazunchale.
“La Secretaria de Bienestar e INPI con su mal proceder violan derechos humanos e indígenas, pues de facto nos impiden el acceso y el ejercicio del presupuesto federal para mejorar nuestra infraestructura social básica, repercutiendo en las obras planeadas por nuestras asambleas comunitarias que tienen que ver con el agua, la salud, movilidad y otros servicios elementales. Por consiguiente, procederemos a emprender otras acciones en nuestra defensa”.
En este sentido, las y los consejeros aclaran que, independientemente de que los juzgados hayan dado o no suspensiones definitivas o provisionales, la Secretaria de Bienestar y la representación estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no tiene ningún fundamento legal para bloquear la transferencia de recursos y las cuentas bancarias de las comunidades demandantes. Así como tampoco para presionarlos para que se desistan de una garantía constitucional, y no contar con la protección de la justicia federal mediante sus amparos.
Enfatizan que el Juzgado Séptimo de Distrito, asentado en Ciudad Valles, mantiene subsistente el apercibimiento que desde el 2 de julio de 2025 se le ha hecho a Bienestar, en el sentido que dé cumplimiento a las suspensiones definitivas y provisionales de diversas comunidades indígenas náhuatl y tének.
“Sin que ello implique que no se realice la entrega de dicho que recurso a la parte quejosa”.
Además de que el 6 de agosto de 2025 y el 22 de octubre del año en curso, el juzgado le volvió a requerir un informe del cumplimiento de los requerimientos, señalando los asuntos 274/2025, 275/2025, 276/2025, 2777/2025, 278/2025, 279/2025, acumulados en el expediente 269/2025, y se le hizo un apercibimiento en caso de incumplimiento.
“El juzgado ha dejado claro a la Secretaría de Bienestar que las suspensiones se concedieron, pues establece que para el efecto de que las cosas se mantengan en estado que actualmente se encuentran y se impidan los efectos y consecuencias del Acuerdo reclamado en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, para que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo cualquier acto tendente a ejecutar o aplicar la reducción del monto señalado a la parte quejosa en el acuerdo publicado el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025 (…) es decir, las autoridades responsables deberán de abstenerse de reducir el monto asignado a la comunidad indígena”.
Asimismo, añaden en su solicitud que actualmente la jueza del Juzgado Séptimo, María Lucrecia Martínez Galván, se ha sumado al hostigamiento hacia las comunidades al hacer caso omiso a sus peticiones y no ha requerido nuevamente el cumplimiento de las suspensiones, ni ha sancionado a los servidores públicos que a la fecha continúan en desacato ante el tribunal y la ley.
El documento es firmado por las y los consejeros Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes nahuas; así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo tének.
