Estela Ambriz Delgado
La incapacidad de las instituciones responsables del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es clara, así como su falta de compromiso con las comunidades indígenas, pues ante su falta de coordinación y retraso en el proceso asambleario, ponen en riesgo el que estas cumplan para poder ser incluidas en el presupuesto 2026, así lo expresó Juan Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
El activista informó que estas dependencias, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), siguen con el trabajo en total descoordinación, desorden y tropelías en las comunidades de la región Huasteca.
En este sentido, hizo mención de que en la comunidad de Tamaletón se denunció que la coordinadora de Bienestar del municipio de Tancanhuitz, Gloria Martínez Jerónimo, sin tener competencia legal emitió una convocatoria para realizar la asamblea comunitaria del FAIS para comunidades indígenas cuando es una atribución de la autoridad comunitaria, e impuso una sede distinta a la acostumbrada por la población.
Además de que la servidora pública no respetó los plazos que los propios lineamientos estipulan para tal fin de por lo menos con cinco días de anticipación para convocar, pues apenas el martes 3 de junio por la tarde la entregaron al delegado de Tamaletón para que se hiciera la reunión.
Sin embargo, fue a la oficina municipal de Bienestar de Tancanhuitz a cancelar el día 4 y a reprogramar para este lunes 9 de junio.
“Tanto la Secretaria de Bienestar como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, son quienes deben atestiguar dichas asambleas donde se elegirán los comités de administración y vigilancia del FAIS. Sin embargo, pese a los reclamos continúan los abusos usurpando, atribuciones que sólo son competencia de las autoridades comunitarias como convocar a una asamblea”.
Lo anterior a pesar de que tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como los lineamientos del programa, establecen que las asambleas deben realizarse con respeto a los usos y costumbres de la población indígena.
Por otra parte, hizo mención del caso de Tampaxal, municipio de Aquismón, donde sucedió lo mismo y se pretendía llevar a cabo una asamblea el pasado 5 de junio, lo que provocó que las autoridades comunitarias manifestaran su inconformidad ante personal de Bienestar, encabezados por Areli García, que “sólo fue a pasear, gastar gasolina y viáticos, pues fue inútil su presencia” y se tuvo que reprogramar.
“Tal pareciera que los servidores públicos creen que son dueños del rancho y solo dan órdenes a las autoridades indígenas, como si estos fueran sus peones. Mientras el impuesto Mario Godoy Ramos, supuesto responsable de la oficina de representación del INPI en el estado, como es costumbre y ha nombre de las comunidades ya está comprometiendo los recursos comunitarios con el Ayuntamiento de Tanlajás en obras que este municipio considera prioritarias, pero que no necesariamente se han consultado a las comunidades para mezclar los recursos”.
Cisneros Sánchez advirtió que estas instituciones tienen un grave atraso en el proceso asambleario, es evidente que en consecuencia esto va a repercutir en la ministración de los recursos, en la realización de las obras y su correspondiente comprobación.
Por ello crece la incertidumbre para ejercer los recursos, que de acuerdo a lo que les informaron el día de ayer en Tamaletón, se estima llegarán en su mayor proporción en julio y octubre, comprobarlos en tiempo y forma para poder dar continuidad, pues si no se cumple en este año, en 2026 se corre el riesgo de no poder acceder a recursos federales por quedar como deudores.
“Es clara la incapacidad de estas instituciones y que al final a estas no les preocupa si las comunidades ejercen los recursos en tiempo y forma y que, por no cumplir, quedan fuera del presupuesto 2026, pues ellos como servidores públicos continuarán en sus cargos recibiendo su quincena”.
Finalmente recordó que, a solicitud de diversas comunidades tének y náhuatl, se han interpuesto más de 19 amparos en contra del recorte de sus presupuestos provenientes FAIS que podrán administrar directamente.
