María Ruiz
Aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha recibido alrededor de 650 reportes relacionados con maltrato, abandono y animales lesionados en la vía pública durante 2026, únicamente ha contabilizado alrededor de 20 denuncias formales, una diferencia que evidencia las dificultades para convertir los señalamientos ciudadanos en procedimientos administrativos o penales contra los responsables.
La regidora Maritza Vázquez señaló que la falta de denuncias formales es uno de los principales obstáculos para sancionar a quienes cometen maltrato o crueldad animal, por lo que adelantó que la modificación al reglamento municipal de protección animal buscará establecer con claridad las facultades de las dependencias, las responsabilidades de la ciudadanía y las rutas de intervención.
La regidora explicó que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un nuevo Reglamento de Bienestar y Protección Animal, con el propósito de adecuar la normativa municipal a los cambios legislativos que avanzan tanto en el ámbito estatal como nacional.
Entre ellos mencionó dos disposiciones: la denominada Ley Hope, iniciativa ciudadana que derivó en reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para endurecer las sanciones por crueldad animal, y la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados y enviado al Pleno para su discusión y votación.
Vázquez indicó que el Ayuntamiento ya creó la Unidad de Gestión de Bienestar y Protección Animal y la comisión permanente en la materia:
“Nos faltaba el paso más importante que era reformar el reglamento que ahora se llama Reglamento de Protección Animal y se llamará Reglamento de Bienestar y Protección Animal”, señaló.
La propuesta busca que sea una normativa transversal, es decir, que no limite las obligaciones a una sola dependencia, sino que establezca la intervención y coordinación de distintas áreas municipales, entre ellas Comercio, Protección Civil, la Unidad de Gestión de Bienestar y Protección Animal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La regidora sostuvo que las mesas de trabajo ya incluyeron a representantes del gremio veterinario y académico, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Agronomía, de la carrera de Veterinaria y del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado, además de activistas y colectivos rescatistas. Aún están pendientes encuentros con jóvenes para incorporar sus propuestas, necesidades e inquietudes.
El objetivo, dijo, es construir un reglamento que considere a todos los sectores involucrados en el cuidado de los animales y que permita definir las responsabilidades de las autoridades municipales en los distintos escenarios de atención.
Sobre la posibilidad de incrementar las multas o incorporar nuevas sanciones, Maritza Vázquez consideró que antes de endurecer los castigos es necesario corregir las deficiencias en los procedimientos para que los responsables efectivamente enfrenten las consecuencias de sus actos.
La regidora recordó que la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí establece un proceso administrativo para los municipios, en el que las denuncias deben presentarse ante la Sindicatura Municipal.
Sin embargo, reconoció que este requisito representa una barrera para algunas personas, quienes desisten por el tiempo y las vueltas que implica formalizar una denuncia.
“Cuando ya le dices eso a las personas, empiezan las resistencias por el tiempo, por las vueltas, por todo lo que implica, pero si no denunciamos, lo digo con mucha responsabilidad, pero si no denunciamos nos volvemos partícipes de las mismas situaciones de las cuales estamos siendo testigos”, expresó.
Añadió que el área municipal de Bienestar Animal brinda acompañamiento a quienes buscan denunciar ante la Fiscalía General del Estado, incluso con apoyo para redactar los documentos, de manera que las personas únicamente tengan que anexar las evidencias y los testimonios correspondientes.
También explicó que cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interviene en un caso y presenta a los involucrados mediante un Informe Policial Homologado (IPH), puede generarse el inicio de una carpeta de investigación ante la Fiscalía.
Otro de los problemas que identificó es el abandono de animales dentro de casas habitación. La regidora señaló que durante los últimos cuatro meses ha observado un incremento de estos casos, principalmente a través de reportes y publicaciones en redes sociales.
Explicó que estas situaciones complican la intervención municipal porque el Ayuntamiento y la Policía Municipal no tienen facultades jurídicas para ingresar directamente a una propiedad privada.
Advirtió que el abandono es uno de los factores por los que México ocupa el primer lugar de animales en situación de calle en Latinoamérica, por lo que consideró necesario establecer rutas de actuación que permitan intervenir oportunamente.
En ese sentido, diferenció entre maltrato y crueldad animal, pues sostuvo que no todos los casos requieren la misma atención. Cuando existe una conducta de crueldad y está en riesgo la vida del animal, consideró que la intervención debe ser inmediata.
En cambio, explicó que el maltrato puede presentarse por omisión, desconocimiento o intencionalidad, por lo que es necesario identificar las circunstancias para determinar las medidas correspondientes.





