Fernanda Durán
La confrontación entre grupos estudiantiles de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que desde agosto mantienen diferencias por el control de recursos, espacios y actividades universitarias, escaló este jueves 15 de octubre con la toma de las instalaciones, en el marco de la realización del Foro Plural Voces Libres: Inteligencia Artificial, Medios de Comunicación, Periodismo y Libertad de Expresión.
El cierre fue realizado por alrededor de 20 estudiantes vinculados al grupo Alpha, que exigieron reconocimiento institucional y denunciaron restricciones para organizar actividades dentro de la Facultad. Sin embargo, la medida provocó el rechazo de otro sector del alumnado, integrado por decenas de estudiantes que permanecían en el exterior e intentaban recuperar el acceso al plantel.
Durante la confrontación, algunos alumnos lograron ingresar por el área de las canchas, mientras que desde el exterior se escucharon acusaciones contra quienes encabezaban el cierre, a quienes señalaron de responder a intereses políticos y de intentar impedir una conferencia programada para ese día.
“La toma no es válida, este grupo se vendió al mejor postor, sabemos bien que hay una conferencia y la están saboteando”, expresaron mediante un megáfono estudiantes inconformes con la protesta. Estas acusaciones surgieron en el contexto de una actividad relacionada con inteligencia artificial y la denominada Ley Serrano.
Mediante un comunicado fechado este 15 de octubre, el grupo estudiantil Alpha justificó el cierre de la Facultad como una medida de protesta ante lo que considera restricciones a sus derechos de asociación, organización, expresión y representación plural.
De acuerdo con la organización, el conflicto se agravó después de una reunión sostenida el 5 de octubre con el director de la FCA, Juan Antonio Zapata Zapata, quien presuntamente les manifestó que Alpha “no contaba con presencia ni representación dentro de la Facultad”, pese a que el grupo asegura contar con el respaldo de cientos de estudiantes.
Ese mismo día, sus integrantes acudieron a la Defensoría de los Derechos Universitarios para solicitar una intervención imparcial, pero señalaron que no habían obtenido una respuesta clara ni soluciones concretas.
Otro de los motivos de inconformidad fue la cancelación de un viaje académico organizado para estudiantes de la Licenciatura en Agronegocios. Según Alpha, la actividad había recibido autorización y los participantes ya habían entregado anticipos económicos con recursos propios, pero la dirección retiró el permiso días antes de su realización.
El grupo sostiene que no había solicitado financiamiento a la Facultad y que la cancelación provocó pérdidas económicas a los estudiantes y sus familias.
También denunció la cancelación recurrente de reuniones, negativas para recibir sus solicitudes y dificultades para acceder a espacios universitarios.
En su pliego petitorio, Alpha exige que se reconozca formalmente su existencia como organización estudiantil, que se establezcan criterios transparentes para utilizar instalaciones como el Aula Magna y que las solicitudes reciban respuestas por escrito en un máximo de cinco días hábiles.
Asimismo, pide respeto a las actividades gestionadas por la representación estudiantil de Agronegocios, autorización para utilizar su identidad gráfica, garantías de que no habrá represalias académicas o administrativas y claridad sobre las disposiciones que, según sus integrantes, condicionan las actividades de otros grupos a la autorización de la Consejería de Alumnos.
La organización solicitó una mesa de trabajo con las autoridades universitarias y la firma de compromisos por escrito como base para levantar el paro.
El cierre de este jueves tiene como antecedente una confrontación que se hizo pública en agosto, cuando Anahí Vázquez, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la FCA, denunció presuntas restricciones al ejercicio de sus funciones y cuestionó la concentración de decisiones y recursos en la Consejería de Alumnos.
En un video difundido en redes sociales, Vázquez aseguró que, pese a haber presentado un reglamento para el funcionamiento de su representación, la dirección de la Facultad le exigía obtener previamente la autorización de la consejera alumna para organizar eventos, gestionar actividades o solicitar espacios universitarios.
También denunció que la Sociedad de Alumnos perdió la administración de los ingresos generados por la renta de casilleros, recurso que anteriormente utilizaba para sus actividades y que pasó a manos de la Consejería de Alumnos.
Según su versión, esta última representación también recibía ingresos por el arrendamiento de una cafetería, por lo que cuestionó la distribución de los recursos disponibles entre las organizaciones estudiantiles.
Vázquez explicó que anteriormente formaba parte del mismo grupo que la Consejería, pero decidió separarse por diferencias relacionadas con prácticas que consideraba poco transparentes. Afirmó que, desde entonces, su relación con las autoridades y las demás representaciones cambió.
La presidenta también señaló la presunta influencia de un exalumno en las decisiones de la Facultad, pese a que, según sostuvo, ya no formaba parte de la comunidad estudiantil de esa institución. Incluso aseguró que esta persona y la consejera alumna habían solicitado al director restringir los recursos disponibles para la Sociedad de Alumnos.
Ante esta situación, pidió la intervención del rector Alejandro Zermeño Guerra para revisar el funcionamiento administrativo de la Facultad y garantizar que las distintas representaciones pudieran ejercer sus atribuciones.
Las declaraciones provocaron una respuesta pública de integrantes de la Consejería de Alumnos, encabezados por su titular, Montserrat Blanco, quienes defendieron las atribuciones de esa representación y negaron que la Sociedad de Alumnos pudiera establecer unilateralmente reglas para organizar actividades.
En un video conjunto, Blanco explicó que dentro de la FCA existen tres representaciones: la Sociedad de Alumnos, la Federación Universitaria Potosina y la Consejería de Alumnos, a la que identificó como la máxima representación estudiantil de la Facultad.
Por su parte, Magda Ramos, integrante del grupo de Consejería, explicó que esta representación cuenta con voz y voto ante el Consejo Técnico de la Facultad y el Consejo Directivo Universitario, por lo que corresponde a sus integrantes canalizar las demandas académicas y sociales del alumnado.
La consejera suplente, Karime Romo, cuestionó que la presidenta de la Sociedad de Alumnos pretendiera implementar un reglamento sin cumplir con los procedimientos institucionales, mientras que Itza Soni, representante de la Federación Universitaria Potosina, señaló que cualquier disposición debía ser analizada y aprobada por el órgano universitario competente.
Respecto a los casilleros, integrantes de Consejería sostuvieron que su instalación fue gestionada desde 2015 por esa representación y que la Sociedad de Alumnos únicamente había recibido su administración mediante un acuerdo verbal, cuando ambas organizaciones formaban parte del mismo grupo.
Como respaldo, exhibieron un oficio fechado el 12 de abril de 2015, dirigido al entonces director Carlos González López y firmado por el consejero alumno Abraham Nava Tovar, mediante el cual se solicitaba autorización para instalar 140 casilleros en diferentes puntos de la Facultad.
El documento establece que el material sería regulado por la Consejería de Alumnos y la Federación Universitaria Potosina en gestión. Sin embargo, no precisa a quién corresponderían los ingresos por la renta de los casilleros ni establece derechos exclusivos sobre su explotación económica, aspectos que se convirtieron en motivo de controversia entre los grupos.
La confrontación también involucró el mantenimiento de una malla sombra instalada por Consejería y la organización de la ceremonia de graduación de la generación 2023-2027, sobre la cual ambas representaciones manifestaron diferencias respecto a la contratación de servicios y la integración de los comités correspondientes.
En aquella respuesta pública también participó Fernando Saavedra, estudiante de posgrado, quien rechazó las acusaciones de intervenir en las decisiones de la Consejería y de la dirección de la Facultad.
Hasta las 9:00 horas de este jueves, integrantes de los distintos grupos estudiantiles habían logrado ingresar a las instalaciones de la FCA, aunque algunos espacios permanecían cerrados como parte de la protesta. Pese al ingreso del alumnado, las actividades académicas no pudieron reanudarse con normalidad, por lo que varios docentes tuvieron que retirarse ante la imposibilidad de impartir sus clases.
