Fernanda Durán
Después de más de una década de litigio y pese a haber ganado en todas las instancias judiciales, un ex funcionario municipal de Tampacán continúa sin recibir el pago que por ley le corresponde.
El caso, que data de 2012 y suma sentencias firmes desde 2013, volvió este martes a la agenda del Congreso del Estado al revisarse formalmente el expediente administrativo 440/2012/2, derivado del incumplimiento del Ayuntamiento de Tampacán por un adeudo aproximado de 250 mil pesos.
En sesión jurisdiccional celebrada este martes, las y los diputados dieron lectura, analizaron y discutieron el dictamen que propone instaurar una comisión jurisdiccional para investigar el desacato reiterado del gobierno municipal, luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ordenó en 2021 la intervención del Poder Legislativo ante la negativa persistente de cumplir la sentencia.
El procedimiento deriva del Juicio Contencioso Administrativo 440/2012/2, promovido en contra del Ayuntamiento de Tampacán. La sentencia definitiva fue emitida el 21 de febrero de 2013, pero al no ser acatada, el 8 de marzo de 2021 la Segunda Sala del TEJA decretó formalmente su incumplimiento y ordenó remitir el caso al Congreso.
Desde que inició el juicio en 2012, seis administraciones municipales consecutivas han omitido cumplir la resolución judicial, a pesar de que el monto no supera los 250 mil pesos. La negativa ha persistido bajo gobiernos encabezados por:
- 2009–2012: Christian Joaquín Sánchez Sánchez, actual titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí (INREVIS), hijo del secretario del trabajo Crisogono Sánchez Lara.
- 2012–2015: Nicasio Martiniano Dolores
- 2015–2018: Filemón Hilario Flores
- 2018–2021: Brisseire Sánchez López, actual diputada local por el Partido Verde.
- 2021–2024: Brisseire Sánchez López
- 2024–2027: Santiago Rodríguez Posadas de Morena
En varios de estos periodos, el municipio fue gobernado por administraciones cuyos perfiles actualmente son afines al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El conflicto se originó durante la gestión de Christian Joaquín Sánchez y continuó sin resolución incluso después de que se dictó sentencia firme durante el mandato de Nicasio Martiniano Dolores.
Tras la sesión, la diputada Leticia Vázquez Hernández, integrante del PVEM, fue cuestionada sobre el alcance del acuerdo. Aunque confirmó que el procedimiento avanza, evitó dar detalles al señalar que se trata de sesiones privadas.
La legisladora explicó que, una vez iniciado formalmente el procedimiento, la integración de la comisión deberá pasar primero por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente ser avalada por el Pleno del Congreso.
El caso evidencia una resistencia institucional sistemática a cumplir resoluciones judiciales, pese a que la ley faculta al Congreso para intervenir cuando una autoridad desacata sentencias firmes.
A más de 12 años del inicio del juicio y más de una década de la sentencia definitiva, el ex funcionario municipal sigue sin recibir el pago ordenado por los tribunales.
La activación de la comisión jurisdiccional abre la posibilidad de que el Poder Legislativo determine responsabilidades políticas y administrativas contra quienes, en distintos periodos, han ignorado un mandato judicial que ya fue ratificado en todas las instancias.
