Desiree Madrid
El Congreso del Estado aprobó este miércoles, con 17 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, la reforma al artículo 122 Bis de la Constitución local para establecer requisitos propios para quien aspire a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
La modificación fue discutida en el Pleno en medio de cuestionamientos de Morena por la rapidez con la que se procesó el dictamen, la falta de justificación de algunos cambios y, particularmente, por las modificaciones que tuvo el documento durante la ruta legislativa antes de llegar a la sesión.
La reforma que finalmente fue votada elimina la remisión que hacía la Constitución estatal a los requisitos previstos para ocupar una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia y establece un catálogo específico para la Fiscalía. Entre los nuevos requisitos se encuentra tener al menos 35 años, contar con título profesional de Derecho y cédula con una antigüedad mínima de cinco años, haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación y acreditar una trayectoria profesional mínima de cinco años en actividades relacionadas con procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal. La Constitución vigente establecía que quien ocupara la Fiscalía debía cumplir los requisitos previstos para las magistraturas, por lo que la reforma sustituye esa referencia por requisitos propios.
El recorrido del dictamen tuvo, sin embargo, una particularidad que fue señalada durante la discusión. El pasado seis de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una primera versión del dictamen que incluía, además de las modificaciones al artículo 122 Bis, un artículo transitorio relacionado con la continuidad del nombramiento y el periodo de la actual titular de la Fiscalía, María Manuela García Cazares. Posteriormente, el 10 de agosto, diputados difundieron entre la prensa una nueva versión del dictamen, en la que ese transitorio ya no aparecía.
La situación generó cuestionamientos porque la versión que había sido publicada en la Gaceta correspondía al documento aprobado el seis de agosto, mientras que el Pleno terminó votando la versión modificada que había circulado posteriormente, aunque nunca se publicó en la gaceta.
El punto no es menor porque el transitorio que había sido incorporado en la primera versión establecía una previsión específica para el nombramiento y periodo de la actual titular de la Fiscalía. Su eliminación fue precisamente uno de los elementos que Morena cuestionó durante la sesión, al considerar que las modificaciones hechas entre una versión y otra debieron quedar explicadas con claridad dentro del procedimiento legislativo. La discusión, por tanto, no se limitó al contenido de los nuevos requisitos, sino también a la forma en que se modificó el propio dictamen antes de su votación.
Desde tribuna, el diputado de Morena, Luis Emilio Rosas Montiel sostuvo que su bancada no estaba en contra de que la Fiscalía contara con requisitos propios, pero sí de la forma en que se procesó la reforma.
“El grupo parlamentario de Morena votará en contra del presente dictamen, lo hacemos con responsabilidad y con la convicción de que una reforma constitucional de esta importancia no debe aprobarse con apresuramientos, deficiencias técnicas, ni dudas sobre sus consecuencias jurídicas”, afirmó.
Rosas Montiel cuestionó que el dictamen no justificara lo suficiente algunos de los cambios propuestos. Señaló que no se explicaba por qué se reducía de cinco a dos años el requisito de residencia en el estado ni por qué se ampliaban las actividades con las que una persona puede acreditar experiencia profesional para ocupar el cargo. También sostuvo que colocar en un mismo nivel el litigio, la docencia, la investigación, el servicio público y la asesoría legal dejaba sin precisar qué tipo de experiencia requiere específicamente una persona que estará al frente de la procuración de justicia.
El legislador también cuestionó la eliminación de referencias expresas a la probidad y honorabilidad. “Estas cualidades no son accesorias para quien pretende dirigir la institución encargada de investigar los delitos y procurar justicia”, sostuvo, al considerar que su eliminación requería una explicación puntual dentro del dictamen.
Otro de los puntos señalados por Rosas Montiel fue el requisito de ser mexicano por nacimiento. Advirtió que dicha disposición representa “un riesgo constitucional que debió analizarse con mayor profundidad”, debido a criterios de la Suprema Corte relacionados con la facultad de los congresos locales para establecer este tipo de restricciones en determinados cargos públicos.
“No afirmamos desde esta tribuna que la reforma sea necesariamente inconstitucional, lo que sostenemos es que existe un riesgo jurídico que no fue estudiado ni atendido suficientemente”, aclaró.
En su intervención, Rosas Montiel también regresó sobre el procedimiento seguido por la comisión. Señaló que el dictamen afirmaba que la iniciativa había sido aprobada en sus términos, pese a que durante el proceso se habían realizado modificaciones. Entre ellas, mencionó la incorporación del transitorio que posteriormente fue retirado de la versión que llegó al Pleno.
“La Comisión modificó la entrada en vigor y agregó un artículo transitorio para garantizar la continuidad del nombramiento y el periodo del actual titular de la Fiscalía”, afirmó.
Para el legislador, el problema no estaba únicamente en el contenido de ese transitorio, sino en que las modificaciones realizadas durante el proceso no hubieran quedado reconocidas y explicadas de manera suficiente en el documento que se sometió a consideración del Pleno.
Los cambios al dictamen fueron vinculados durante los últimos días con una eventual salida de la actual fiscal, María Manuela García Cázares. Sin embargo, la reforma aprobada este miércoles no establece que García Cázares deba dejar el cargo ni contiene una disposición que ordene su remoción. El propio contenido de la reforma señala que no se modifica el procedimiento constitucional para designar a la persona titular de la Fiscalía, sino que se establecen los requisitos que deberán cumplir las personas que sean incluidas en la terna que presente el Ejecutivo.
Antes de la sesión, el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue cuestionado sobre las versiones que relacionaban los cambios al dictamen con una posible salida de García Cázares. Serrano pidió evitar conclusiones en ese sentido y calificó esas interpretaciones como “política ficción”.
Sostuvo que incluso sin el transitorio no existiría una afectación automática a la permanencia de la fiscal, pues la reforma no tendría efectos retroactivos.
“Aunque no llevara el transitorio, en nada afecta la estadía de la propia fiscal”, afirmó Serrano Cortés.
El diputado también señaló que continúa pendiente la terna del Ejecutivo para la Fiscalía Anticorrupción y consideró necesario dar certeza a ese procedimiento.
“Necesitamos ya dejar claridad y certeza en esa parte para continuar con el proceso de los fiscales”, dijo.
La reforma mantiene un periodo de siete años, sin posibilidad de reelección, para quien ocupe la titularidad de la Fiscalía. También conserva el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo propone una terna y el Congreso realiza la elección.
El dictamen fue aprobado con 17 votos a favor emitidos por Frinné Azuara Yarzabal, Luis Felipe Castro Barrón, Marco Antonio Gama Basarte, Luis Fernando Gámez Macías, Rubén Guajardo Barrera, Jacquelinn Jauregui Mendoza, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, María Antonia Castro Castañeda, María Aranzazu Puente Bustindui, Marcelino Rivera Hernández, María Dolores Robles Chairez, Dulcelina Sánchez de Lira, Brisseire Sánchez López, Héctor Serrano Cortés, Sara Rocha Medina, César Lara Rocha y Tomás Zavala González. En contra votaron Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, José Roberto García Castillo, Jessica Gabriela López Torres, Crisógono Pérez López, Luis Emilio Rosas y Ana María De la Cruz Olvera. No hubo abstenciones.
