Fernanda Durán
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios con la que se establecen requisitos más estrictos para quienes ejercen intermediación en la compraventa y arrendamiento de inmuebles, además de la obligación de transparentar su identidad profesional en toda su publicidad.
La reforma modifica los artículos 6 y 7 de la ley para exigir que los agentes inmobiliarios acrediten certificación oficial, así como 120 horas de capacitación en los últimos dos años, antes de obtener su registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). Además, deberán colocar su número de licencia o registro en cualquier anuncio, digital o impreso.
El dictamen aprobado señala que el mercado inmobiliario en San Luis Potosí ha crecido sin mecanismos de control suficientes y actualmente existen más de tres mil agentes que operan sin registro, frente a solo 110 inscritos formalmente en la Sedeco, según cifras de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) retomadas en el proceso legislativo.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la intención es “poner punto final a las condiciones imperantes de informalidad e ilegalidad”, que han dado pie a operaciones fraudulentas y a la figura de “falsos” agentes inmobiliarios.
La reforma establece que solo quienes cuenten con certificación válida podrán obtener licencia estatal; la ciudadanía podrá verificar fácilmente la autenticidad del agente a través de su número de registro, que será obligatorio en todos los anuncios.
El catálogo nacional indica que el trámite de Inscripción en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios del Gobierno de San Luis Potosí tiene un costo de 2 mil 334 pesos, monto calculado con base en 16.5 UMAs (113.14 pesos c/u) más un 25 por ciento de Asistencia Social.
La dependencia cuenta con 10 días hábiles para emitir resolución, además de un plazo de prevención de 10 días hábiles, tanto para notificar observaciones como para que el solicitante las atienda.
Entre las condiciones adicionales se incluye permitir y aprobar la visita de inspección sin incidencias. El trámite tiene vigencia de un año calendario y, según las estadísticas publicadas, se han registrado nueve solicitudes aceptadas y ninguna rechazada.
