Fernanda Durán
Hablar de suicidio no basta si la prevención se queda únicamente en conferencias o campañas temporales. Especialistas en psicología, criminología e intervención en crisis señalaron la necesidad de contar con atención psicológica accesible, personal capacitado dentro de las escuelas, redes comunitarias y familiares, protocolos conocidos y seguimiento después de una crisis o una pérdida, durante la conferencia magistral “Suicidio: el mensaje que no hemos escuchado”, realizada este jueves por la Academia de Formación Pericial e Investigación Criminal (AFPI).
Los ponentes insistieron en que el suicidio no tiene una sola causa y que reducirlo a un problema individual deja fuera condiciones familiares, escolares, económicas, laborales y comunitarias que pueden influir en el bienestar de una persona.
El psicólogo clínico, Abisaí García Briones, explicó que la suicidología contempla prevención, intervención y postvención. Esta última comienza después de una pérdida y se dirige a quienes quedan alrededor (familiares, amistades, compañeros o comunidades), pues a su vez pueden atravesar un periodo de mayor vulnerabilidad emocional.
“Hay que entender que esto es una circunstancia multifactorial”, señaló al explicar que no existe una sola ruta que lleve a una persona a una crisis y que, por lo mismo, tampoco puede existir una respuesta única.
Entre los elementos que pueden influir enlistó el rechazo, el acoso, la soledad, la sensación de no pertenecer, dificultades económicas y otras experiencias sociales que pueden generar desesperanza. Además, una persona en crisis puede llegar a percibir sus problemas como permanentes y perder la capacidad de reconocer alternativas o sentirse acompañada, aun cuando exista gente alrededor dispuesta a ayudar.
¿Qué señales no deberían minimizarse?
La psicóloga Areli Hernández, durante su exposición sobre suicidio infantil, pidió prestar atención a cambios importantes en niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando comienzan a aislarse, dejan de convivir con sus redes habituales o abandonan actividades que antes disfrutaban.
De igual manera destacó cambios notorios en el sueño, alimentación, irritabilidad constante y expresiones o bromas reiteradas relacionadas con perder la vida, que no deberían interpretarse automáticamente como una etapa o una forma de llamar la atención.
“Desde la primera vez que el niño comienza a decir que no quiere ir a la escuela… hay que ponernos alerta”, ejemplificó al señalar que detrás de un cambio de comportamiento puede existir una situación que el menor no sabe cómo expresar.
Asimismo cuestionó la visión adultocentrista que lleva a minimizar los problemas de las infancias bajo la idea de que no enfrentan dificultades tan graves como las personas adultas.
Ante cambios de este tipo, recomendó buscar ayuda profesional, mantener abierta la comunicación y escuchar sin invalidar el malestar: “Es muy importante que el infante se sienta escuchado y validado”.
Hernández reconoció, sin embargo, que acceder a atención psicológica puede ser complicado por los tiempos de espera en instituciones públicas y los costos de los servicios privados, por lo que consideró indispensable ampliar las opciones disponibles.
A pesar de esas barreras, recomendó buscar alternativas y construir redes de apoyo mientras se consigue la atención especializada.
Escuchar, acompañar y saber canalizar
El ponente José Juan Cabrera insistió en la necesidad de conocer rutas de canalización antes de enfrentar una emergencia: identificar servicios de psicología, psiquiatría, instituciones públicas y líneas de atención disponibles, en lugar de comenzar a buscarlos hasta que exista una crisis.
También habló de la necesidad de capacitar de manera permanente a profesionales y servidores públicos y cuestionó que protocolos existentes sean conocidos sólo de nombre pero poco utilizados en la práctica.
Entre ellos resaltó el Código 100, un modelo de atención coordinada para comportamiento suicida, y llamó a que quienes trabajan en áreas relacionadas con salud mental conozcan los procedimientos y sepan cuándo canalizar a una persona hacia atención especializada.
Ante una situación de riesgo inmediato, indicó que puede recurrirse al 911 y a los servicios públicos de salud mental, puesto que una persona que manifiesta una crisis no debería permanecer sola ni ser ridiculizada, regañada o confrontada; el acompañamiento y la búsqueda de ayuda profesional deben priorizarse.
Otra de las propuestas fue aumentar la presencia de profesionales de salud mental en instituciones educativas.
Hernández señaló que docentes y profesores ya enfrentan múltiples responsabilidades y que no debería recaer únicamente en ellos la atención emocional de sus estudiantes.
“Hay que proponer qué otros profesionistas pueden estar en las instituciones educativas que atiendan esas necesidades y que de verdad haya una atención y una intervención completa y no solamente fragmentada”.
Cabrera coincidió en la necesidad de construir un modelo que permita incorporar profesionales de psicología en escuelas públicas y privadas, junto con mecanismos claros para canalizar a quienes requieran atención especializada.
“Durante 11 años no pudieron ayudármela”
Entre las interacciones saltó el testimonio de una madre que relató la pérdida de su hija, estudiante universitaria de 21 años, a quien durante años buscó acompañar y conseguir recursos para mantener tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
“Yo traté de apoyar a mi hija en todo lo que pude, llevarla como yo pudiera, conseguir el dinero para terapias psicológicas y psiquiátricas. Durante estos 11 años que estuvo ella, no pudieron ayudármela”, expresó.
Su pregunta fue directa: ¿Qué hace falta cuando una familia busca ayuda durante años y aun así no logra evitar una pérdida?
El testimonio llevó la discusión hacia la continuidad y calidad de los servicios. Cabrera sostuvo que no basta con aplicar evaluaciones o derivar a otra institución si después no existe seguimiento.
La intervención de la madre también evidenció uno de los límites que los propios ponentes reconocieron durante el encuentro: pedir ayuda es indispensable, pero la existencia de atención psicológica no garantiza por sí sola una respuesta adecuada si los servicios están saturados, fragmentados o no mantienen seguimiento.
Comunidades alejadas y sectores que pocas veces son escuchados
Cabrera pidió además no concentrar las estrategias de salud mental únicamente en la capital. Expuso que las necesidades cambian considerablemente entre zonas urbanas, municipios y pequeñas comunidades, donde la presencia de especialistas puede ser todavía menor.
Entre los sectores que requieren intervenciones específicas mencionó personas con problemas económicos, mujeres que enfrentan violencia, población privada de la libertad y trabajadores expuestos a altos niveles de estrés.
La directora de la sede San Luis Potosí de AFPI, Selena Guadalupe Puente Gallegos, agregó previamente que entre las poblaciones a las que debe prestarse mayor atención se encuentran integrantes de corporaciones de seguridad.
“Son los que cuidan de todos, pero pocas veces alguien cuida de ellos”, destacó al mencionar la carga de estrés, las condiciones laborales y la falta de atención a la salud mental dentro de algunas corporaciones.
Puente Gallegos explicó que AFPI ha realizado actividades preventivas en escuelas, con población general y en centros penitenciarios, bajo la premisa de que el suicidio no distingue edad, profesión o condición social.
Los ponentes coincidieron en que la prevención no puede depender únicamente de decisiones individuales. Cabrera planteó que la prevención requiere políticas públicas y modificaciones institucionales que permitan ampliar el acceso a la salud mental.
Entre sus propuestas mencionó incorporar de manera más clara a profesionales de psicología dentro de las escuelas, fortalecer los protocolos de intervención y revisar el marco normativo relacionado con la atención de problemas como ansiedad y depresión.
Asimismo criticó que la salud mental continúe ocupando un espacio secundario frente a otras condiciones de salud y llamó a revisar la legislación para establecer mecanismos de protección laboral y atención más claros, así como la necesidad de que las instituciones no sólo cuenten con manuales o protocolos, sino que su personal conozca cómo utilizarlos y tenga capacitación suficiente para intervenir o canalizar oportunamente.
¿Qué puede hacer una persona cercana?
Durante la conferencia se presentó el Modelo ESPERA como una pauta básica de acompañamiento ante una crisis: escuchar a la persona sin interrumpir ni juzgar, ayudarle a recuperar una perspectiva de esperanza y acompañarla hacia una red de apoyo o atención profesional.
A partir de ese esquema, los ponentes recomendaron no minimizar el malestar, procurar que la persona no permanezca sola ante una situación de riesgo y conocer previamente las rutas de canalización. Entre las opciones mencionadas estuvieron la Línea de la Vida, el 911 para emergencias, el Modelo 100 y servicios de atención en instituciones públicas.
Como espacios de apoyo se mencionaron el DIF, centros de salud, IMSS, ISSSTE, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann, Centros de Integración Juvenil y Temazcalli, además de hospitales, psicólogos clínicos y médicos psiquiatras.
