Fernanda Durán
El Congreso del Estado deberá reponer etapas del procedimiento del juicio político instaurado contra integrantes del Cabildo capitalino 2018–2021, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito determinó que el cumplimiento dado hasta ahora por el Poder Legislativo fue parcial e insuficiente, pese a que ya había dejado sin efectos las sanciones de inhabilitación impuestas por la LXIII Legislatura.
El órgano federal determinó que el Congreso únicamente dejó sin efectos la resolución sancionadora emitida por la LXIII Legislatura, pero todavía no ha cumplido integralmente con los efectos de las ejecutorias de amparo promovidas por algunos de los exfuncionarios sancionados dentro del juicio de amparo 22/2022.
El nuevo requerimiento judicial señala que las autoridades legislativas no solo debían invalidar las inhabilitaciones impuestas en diciembre de 2021, sino también reponer etapas específicas del procedimiento de juicio político, particularmente aquellas relacionadas con la admisión y valoración de pruebas, la atención de cuestiones procesales así como la eventual apertura del periodo de alegatos.
Entre los nombres mencionados en las actuaciones judiciales aparecen exregidores y exintegrantes del Cabildo capitalino, como María Verónica Campillo Salazar, Juan Antonio Salas Herrera, Frida Fernanda Rosas Zárate, Juan Daniel González Ayala, Lidia Karina Zavala Rodríguez, Ángel Manuel Reyna Sánchez y Alma Mireya Cerino Zapata, quienes promovieron juicios de amparo independientes tras las sanciones impuestas por el Congreso.
La documentación también refiere que la Comisión Jurisdiccional emitió acuerdos para dejar sin efectos las sanciones únicamente respecto de los quejosos que obtuvieron resoluciones favorables, así como para iniciar actos encaminados a la reposición del procedimiento; sin embargo, el juzgado federal consideró que aún faltan actuaciones concretas para acreditar el cumplimiento total de las sentencias protectoras.
Por ello, el Juzgado Tercero de Distrito volvió a requerir al Congreso del Estado para que, en un nuevo plazo de tres días, remita constancias suficientes que acrediten la reposición del procedimiento de juicio político en los términos precisados por las ejecutorias de amparo.
El órgano jurisdiccional advirtió, además, que en caso de incumplimiento o simulación de acatamiento podrían imponerse sanciones económicas y activarse procedimientos de inejecución de sentencia que eventualmente derivarían en consecuencias administrativas y legales para las autoridades responsables.
El caso deriva del juicio político iniciado por el Congreso local contra el entonces alcalde Xavier Nava Palacios y parte de su Cabildo, a quienes se acusó de continuar con la construcción de un puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, pese a la existencia de una suspensión judicial promovida por ejidatarios del núcleo agrario Rancho Viejo “La Libertad”.
A partir de ello, la LXIII Legislatura impuso diversas sanciones de inhabilitación que posteriormente comenzaron a ser controvertidas mediante juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
