Fernanda Durán
El Congreso del Estado encaminó al desechamiento una iniciativa ciudadana que proponía crear unidades de prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en escuelas de San Luis Potosí, luego de considerar que parte de las atribuciones planteadas ya se encuentran previstas en la legislación y que su implementación requeriría recursos adicionales cuyo impacto presupuestario no fue presentado.
La propuesta fue presentada hace algunos meses por las ciudadanas y activistas Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, Mariana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales. Planteaba diversas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación del Estado para incorporar unidades especializadas y mecanismos de coordinación institucional frente a casos de violencia.
Esta semana, durante su revisión en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el asesor explicó que se tomaron en cuenta opiniones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y de instancias jurídicas, las cuales consideraron que las funciones propuestas ya están contempladas en el marco normativo.
Además, se argumentó que crear las unidades y la estructura interinstitucional propuesta implicaría una erogación extraordinaria y, por tanto, requeriría una evaluación de impacto presupuestario validada por el Ejecutivo estatal. Tras la exposición, el proyecto de dictamen fue sometido a votación favorable en comisión para declarar improcedente la propuesta.
La abogada Claudia Cuéllar explicó que entre las observaciones técnicas recibidas también se señaló la existencia de comités de seguridad en las escuelas, considerados por las autoridades como estructuras que podrían atender algunas de las funciones propuestas.
Sin embargo, Cuéllar diferenció ambos mecanismos y aseguró que las unidades planteadas por las promoventes no existen actualmente.
“Las unidades de género no existen, los comités de seguridad sí existen, pero son meramente… tienen otras funciones, no es una función de prevención”, precisó.
Ante el desechamiento, las promoventes decidieron reformular su planteamiento en lugar de insistir en crear una nueva estructura. Cuéllar adelantó que preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar aproximadamente en noviembre, ahora dirigida a fortalecer los comités de seguridad que ya funcionan en los planteles y dotarlos de herramientas para intervenir específicamente frente a las violencias contra las infancias.
“No únicamente nos quedamos en el señalamiento, también hacemos propuestas y la idea justo es que, si la SEGE y Congreso están señalando que ya existen los comités de seguridad, entonces blindar a los comités de seguridad que existen ya en las escuelas, capacitarlos para que puedan hacer estas funciones de la detección, prevención y atención de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes”.
La activista sostuvo que los planteles educativos tienen una posición relevante para identificar posibles casos, debido al tiempo que niñas, niños y adolescentes permanecen en ellos y al contacto cotidiano con docentes y personal escolar.
“Porque finalmente los espacios seguros sí son dentro de sus casas, pero también en las escuelas es un espacio importante para poder detectar esta violencia”.
El argumento presupuestario utilizado en el dictamen también fue cuestionado por Cuéllar, quien consideró que la protección de las infancias debería reflejarse en las prioridades de gasto público. Al respecto, afirmó que niñas, niños y adolescentes representan el 33 por ciento de la población de San Luis Potosí y cuestionó la falta de recursos señalada para implementar la propuesta:
“Yo exhorto a las autoridades a que vean cuáles son sus prioridades”.
Cuestionada sobre qué lectura hace de la decisión legislativa, Cuéllar respondió que esto “refleja la falta de sensibilidad, empatía y la falta de visión hacia las infancias. Un adultocentrismo total de las autoridades”.
El desechamiento representa un nuevo capítulo en el trabajo que Cuéllar y Juárez han impulsado ante el Poder Legislativo. En septiembre de 2023 presentaron otra iniciativa relacionada con la prevención y atención de la violencia en espacios escolares, en aquella ocasión mediante modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa propuesta permaneció cerca de dos años en comisiones antes de ser desechada formalmente en 2025.
