Fernanda Durán
El Congreso del Estado declaró válida la reforma constitucional que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales participar formalmente en la investigación de delitos del fuero común bajo la conducción del Ministerio Público, luego de recibir el respaldo de 41 cabildos de la entidad.
Durante la sesión del pleno se informó que, previa aprobación realizada el 24 de febrero del año próximo, se declaró válidamente reformado el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado.
La reforma modifica dicho artículo para establecer que “la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, a cada una en el ámbito de sus competencias”.
El nuevo texto constitucional también señala que la actuación de estas instituciones “se realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público”, mientras que la persecución de los delitos ante tribunales seguirá siendo una facultad exclusiva del Ministerio Público.
La reforma contempla una aplicación gradual. Las facultades de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Civil Estatal comenzarán a ejercerse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales podrán hacerlo hasta el 1 de enero de 2028.
Además, el decreto establece que las autoridades estatales y municipales deberán adecuar su normatividad dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma para armonizar el nuevo esquema constitucional.
De acuerdo con el dictamen aprobado la reforma busca armonizar la Constitución Política del Estado con los cambios realizados al artículo 21 de la Constitución federal en materia de seguridad pública, publicados el 31 de diciembre de 2024.
El documento legislativo sostiene que uno de los objetivos centrales es fortalecer las investigaciones criminales mediante la incorporación de corporaciones de seguridad pública a las tareas de investigación, con el propósito de mejorar la coordinación institucional y reforzar el combate a la delincuencia.
En la exposición de motivos se argumenta que el sistema de procuración de justicia enfrenta una alta carga de trabajo y acumulación de carpetas de investigación, por lo que la participación de más instituciones “puede ayudar a aumentar la eficacia de las investigaciones criminales”.
