Estela Ambriz Delgado
En el proyecto extractivista que se pretende llevar a cabo en el ejido Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, se advierten diversos riesgos ambientales, sociales, legales financieros, entre los que destacan la contaminación y sobreexplotación de acuíferos, la alteración del régimen hídrico, degradación de servicios ecosistémicos e intensificación de fenómenos climáticos; así como conflictos por agua con comunidades locales y afectaciones a la salud pública, entre otros.
Luego de haber realizado un análisis exhaustivo en materia de agua, respecto a la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentada para un supuesto banco de materiales en Corcovada, el presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Quintero García, identificó diversos riesgos que derivan de las debilidades en el diagnóstico hídrico-ambiental y el programa de vigilancia, así como de la falta de integración de variables sociales y ecológicas.
Entre estos se encontraron riesgos ambientales directos como la contaminación de acuíferos debido a la alta permeabilidad de la Formación El Abra, que es un acuífero cárstico, lo que facilita la migración rápida de contaminantes hacia aguas subterráneas, trayendo en consecuencia la pérdida de fuentes de agua potable para comunidades y ecosistemas, así como la sobreexplotación de acuíferos semiconfinados, pues la posibilidad de extracción de agua para exploración minera, sumada al uso de pipas no reguladas, podría reducir niveles de presión en el agua subterránea de acuíferos ya tensionados.
Esto sumado a que como se observa en la solicitud de MIA no se establecen límites de extracción ni evaluación de capacidad de recarga, por lo que la sobrexplotación puede también derivar en hundimientos del terreno, salinización de pozos y conflictos por acceso al agua.
Entre los riesgos ambientales el documento de análisis también advierte la alteración del régimen hídrico superficial, ya que la construcción de brechas y remoción de vegetación incrementa la erosión en cauces efímeros, arrastrando sedimentos y contaminantes a zonas de aguas abajo durante lluvias, causando sedimentación de cuerpos de agua y la afectación de tierras agrícolas y biodiversidad.
Riesgos acumulativos y sinérgicos
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) precisó que la exposición prolongada o repetida a un factor de riesgo, y por otra parte la interacción de diversos factores, pueden causar riesgos acumulativos y sinérgicos, respectivamente.
Entre estos se encuentran la degradación de servicios ecosistémicos a causa de la suma de la reducción de infiltración, contaminación y sobrexplotación que afecta a humedales, manantiales o especies endémicas, e impacta en actividades como turismo, pesca o agricultura de subsistencia.
Dentro de estos también se hallan la intensificación de fenómenos climáticos ocasionada por la pérdida de vegetación y alteración del drenaje natural, lo que en zonas áridas como el ejido Corcovada agravaría los efectos de sequías e inundaciones, aumentando la vulnerabilidad socioeconómica de la región.
Riesgos sociales y de salud pública
De igual forma, en el análisis se hace mención a la falta de transparencia sobre el origen del agua usada en pipas, y la posible competencia por el recurso, por lo que se prevén riesgos sociales como conflictos con comunidades locales por el abastecimiento de agua como tensiones con agricultores, ejidos o pueblos indígenas que dependen de los mismos acuíferos.
Otro de los factores que profundiza la desconfianza, es que el Comité de Gestión Ambiental que se menciona en la MIA no incluye la representación comunitaria.
También hay riesgos de salud pública por contaminación, pues la infiltración de metales como arsénico, plomo o hidrocarburos en los acuíferos, podría causar enfermedades crónicas en poblaciones que consumen agua sin tratamiento, principalmente en grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y comunidades sin acceso a agua embotellada, y el programa de vigilancia que enuncian en la MIA no contempla análisis toxicológicos periódicos.
Así como desigualdad en la distribución de impactos, ya que las comunidades marginadas, sin capacidad técnica o legal para exigir compensaciones, sufrirían desproporcionadamente la escasez o contaminación del agua, mientras la empresa opera bajo un marco de impunidad por la debilidad del programa ambiental.
Riesgos institucionales, legales, y financieros
Quintero García puntualiza en su documento que existe riesgo de vulneración de normativas internacionales, pues se incumplirían estándares como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al no evaluar impactos culturales en comunidades vinculadas a cuerpos de agua.
Se advierten también demandas por daños ambientales o salud, derivadas de la falta de medidas preventivas y monitoreo riguroso que podrían retrasar o cancelar la exploración minera, generando pérdidas económicas para la empresa.
Al igual que un aumento de costos por remediación, ya que la falta de prevención obligaría a gastos millonarios en futuros programas de restauración hídrica o compensaciones a comunidades, no presupuestados inicialmente.
Incumplimiento de estándares de evaluación ambiental responsable
Respecto a los múltiples riesgos hallados, el análisis del consejo concluye que el “Programa de uso y ahorro eficiente de agua” mencionado en la solicitud de MIA es insuficiente para garantizar una gestión hídrica responsable en cualquier actividad extractiva.
Asimismo, se puntualiza que requiere especificar medidas técnicas, incluir tecnologías de reducción de consumo, tratamiento de aguas y monitoreo en tiempo real; fortalecer el comité de gestión ambiental, dotarlo de autonomía e integrarlo con expertos independientes y facultades vinculantes; transparencia y participación de las comunidades aledañas al proyecto, así como y realizar consultas públicas.
Así como un plan de contingencia con protocolos para emergencias, recursos asignados y simulacros periódicos; y cumplir con la normativa local, federal, y con estándares internacionales sobre huella hídrica.
“Sin estos elementos, el programa reproduce un enfoque superficial, común en evaluaciones ambientales que priorizan el trámite administrativo sobre la protección efectiva del recurso hídrico. Asimismo, el diagnóstico no cumple con estándares de evaluación ambiental responsable”.
En el análisis también se ratifica que los riesgos identificados no son hipotéticos, sino consecuencias previsibles de las omisiones en el en el apartado IV.2.5 Diagnostico Ambiental, y el programa de vigilancia, así como de casos homólogos comunes en el rubro de las actividades extractivas, poco sostenibles y de múltiples impactos a nivel regional a corto, mediano y largo plazo.
Por ello, su materialización dependerá de factores como la conectividad real de los acuíferos, la toxicidad de los materiales usados en exploración, y la resiliencia socioecológica de la zona.
