Fernanda Durán
Docentes acusan que el Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Facultad de Derecho no ha cumplido con una suspensión provisional concedida por un juzgado federal que ordenó modificar las medidas impuestas contra una profesora separada de sus actividades académicas en torno al conflicto interno de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
A través de un pronunciamiento difundido este jueves, las docentes señalaron que el Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional dentro del expediente 938/2026 a favor de una profesora investigadora que había sido apartada de diversas funciones por determinación del Consejo Técnico Consultivo.
De acuerdo con la resolución judicial, el juzgado consideró de manera preliminar que la separación total de actividades académicas resultaba desproporcionada y ordenó a la universidad emitir una nueva determinación en la que únicamente se restringieran aquellas funciones que implican contacto directo con los estudiantes denunciantes.
Las docentes denunciantes sostienen que, pese a que la resolución estableció un plazo de 24 horas para su cumplimiento, las medidas continúan vigentes.
“A la fecha, las y los integrantes del CTC no han cumplido con dicha instrucción federal”, afirmaron en el documento.
Las docentes también señalaron que la dirección de la Facultad de Derecho, encabezada por Georgina González Cázares, tampoco ha dado cumplimiento a los efectos de la suspensión provisional, situación que, a su juicio, podría traducirse en una afectación a derechos laborales, académicos y procesales de la profesora beneficiada por el amparo.
El posicionamiento surge días después de que se hicieran públicas las resoluciones emitidas por los juzgados Tercero y Cuarto de Distrito relacionadas con las medidas adoptadas por el Consejo Técnico contra profesoras de la Licenciatura en Criminología.
Mientras el Juzgado Tercero ordenó modificar las restricciones impuestas a una docente, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó, en otro expediente, que una segunda profesora debía recibir al menos el 30 por ciento de su salario y prestaciones mientras continúa el procedimiento interno, al considerar que no podía privársele totalmente de ingresos antes de una resolución definitiva.
Las docentes también cuestionaron las facultades del Consejo Técnico Consultivo para imponer medidas de carácter sancionatorio y sostuvieron que el órgano universitario habría excedido las atribuciones previstas en la normativa interna.
“El conflicto trasciende el caso individual”, expresan en el documento, en el que además insistieron en la necesidad de que cualquier medida disciplinaria se ajuste a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia.
El origen de la controversia se remonta a mayo pasado, cuando estudiantes de la Licenciatura en Criminología presentaron inconformidades relacionadas con el desempeño académico de tres profesoras. Posteriormente, el Consejo Técnico Consultivo acordó medidas preventivas contra las docentes mientras se revisaban los señalamientos.
La situación escaló públicamente la semana pasada cuando un grupo de estudiantes se manifestó en el Edificio Central de la UASLP para exigir la permanencia de los docentes José Luis Carpio Domínguez y César Hernández Mier, así como acciones contra las profesoras señaladas.
El comunicado también dirige cuestionamientos hacia los docentes respaldados por los estudiantes. En el caso de Carpio Domínguez, señala que actualmente realiza una estancia posdoctoral presencial en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras mantiene actividades académicas en la Facultad de Derecho de la UASLP.
Asimismo, respecto al coordinador de la Licenciatura en Criminología, Hernández Mier, el documento sostiene que no existe el supuesto oficio al que hicieron referencia estudiantes durante la manifestación para solicitar su destitución.
