Alejandro Rubín de Celis
Hace ya varios años se crearon Consejos Ciudadanos de Transparencia en el Congreso local y en el Gobierno del Estado con el supuesto propósito de que ambos poderes fueran vigilados por un cuerpo integrado por miembros de la sociedad civil a fin de que se ajustaran a la legalidad en la aplicación de los recursos públicos y rindieran cuentas a la sociedad, con el compromiso de estos consejos de, precisamente, “transparentar” su actuación.
Pero el comportamiento al paso de los años de estos dos organismos ha sido notoriamente opuesto, pues mientras el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado (CTCE) ha estado haciendo, en términos generales, su chamba, el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado (CCTVACOP) no ha hecho la parte que le toca y tal parece que su actuación es de complicidad con la autoridad y no de escrutinio.
Se está cumpliendo un año de que la organización civil Ciudadanos Observando (CO) hizo público el estudio Fantasmas Compartidos, una investigación documental y de campo que da cuenta de la contratación de productos y servicios con empresas fantasma en la que están involucradas varias dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, entre ellas la Secretaría de Educación, el Hospital Central ꟷpor la escandalosa compra de medicamentos contra el cáncer adulteradosꟷ, el IPICyT, la Dirección de Pensiones del Estado, la Oficialía Mayor y los Invernaderos de Santa Rita.
En septiembre de 2018, el vocero de CO, José Guadalupe González, entregó personalmente el estudio a la presidenta del CCTVACOP, Angelina Acosta Villegas, pero hasta la fecha el Consejo no ha presentado una sola denuncia para que se investigue y en su caso se sancione a las instancias gubernamentales que incurrieron en esas malas prácticas.
En noviembre del año pasado el CCTVACOP emitió un comunicado en el que anunciaba la aprobación de un acuerdo promovido por el contralor estatal Gabriel Rosillo ꟷque es quien desde el gobierno controla a su vigilanteꟷ para evitar la contratación de empresas fantasma, cuyos términos específicos nunca se conocieron. Vaya transparencia del Consejo.
El CCTVACOP, que en sus primeros meses de vida contó con una página de internet donde se podían denunciar posibles contrataciones irregulares y consultar las denuncias recibidas por ese organismo, ahora sólo maneja una cuenta de Facebook en la que dedica en buena medida a agradecer a las entidades que son anfitrionas de sus sesiones de trabajo. Ambas instancias, el gobierno estatal y el Consejo, se dedican a emitir reconocimientos mutuos en redes sociales por su presunta labor coordinada a favor de una transparencia y rendición de cuantas que en realidad no existe.
Años atrás, durante la administración del ex gobernador, Fernando Toranzo Fernández, el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado no hizo prácticamente nada en torno a los escándalos por la compra de alimentos a precios inflados, y a una sola empresa, para surtir los desayunos escolares a cargo del DIF. Tampoco hizo nada cuando la Secretaría de Salud demandó a un grupo de funcionarios de esa institución por fraude y asociación delictuosa en la construcción de 15 hospitales, ni con los contratos leoninos firmados con la empresa Cosmocolor para la emisión de licencias de conducir.
El CCTVACOP no es más que una especie de apéndice del Ejecutivo para aparentar una vigilancia ciudadana y una transparencia que en los hechos no se da. Una auténtica simulación al más puro estilo de los gobiernos priistas.
En cambio, el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado ha sido crítico y puntual en señalar irregularidades en las que incurren los diputados en funciones.
Entre un buen número de señalamiento por inconsistencias, en su Primer Informe trimestral presentado el pasado 28 de febrero reporta que la actual legislatura incumplió con 30 de los 53 numerales que contiene el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y con 11 del artículo 86 del mismo ordenamiento, y le hace recomendaciones para que la página de internet del Congreso “realmente cumpla con los principios de oportunidad, accesibilidad y veracidad que la ciudadanía demanda”.
En el Segundo Informe, fechado el 27 de mayo, establece que el Congreso incumplió 25 numerales del artículo 84 y 7 del 86; exhorta al Congreso a publicar los informes relativos a las Cuentas Públicas en poder de la Comisión de Vigilancia, y a actualizar la información contenida en la página web.
En el Tercer Informe, presentado el 29 de agosto, señala que incumplió 16 numerales del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 5 del 86. Advierte que hay un aumento significativo en el número de iniciativas presentadas “lo cual repercute en las cargas de trabajo de las comisiones legislativas”, y añade un apartado sobre la contratación de personal por honorarios, cuestionando un incremento de 84 empleados en esta modalidad en la LX Legislatura a 136 en la actual, con una erogación de 3 millones 443 mil 557.27 pesos mensuales ꟷdatos muy similares a los que arrojó el estudio de Ciudadanos Observandoꟷ.
Cabe señalar que con las dos anteriores legislaturas, el CTCE fue particularmente crítico y cuestionador, y reveló ampliamente las irregularidades y corruptelas de los legisladores que las integraron.
Los organismos ciudadanos son necesarios para vigilar a los poderes y evitar la simulación y los excesos en su actuación, pero una primera condición para que funcionen a favor de la sociedad es que sean plenamente independientes y que sus integrantes cuenten con una calidad moral y un compromiso social a toda prueba.
En el caso del Gobierno del Estado está claro que es indispensable desaparecer el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública que no es más que una simulación, para dar paso a la construcción de un organismo verdaderamente independiente, con una convocatoria abierta a la sociedad y con la implementación de mecanismos que aseguren que un nuevo organismo esté integrado por auténticos representantes del interés general.
