María Ruiz
El consumo de drogas entre menores de edad en San Luis Potosí registra un incremento que ya alcanza a niñas y niños desde los 12 años, mientras los servicios públicos de prevención y atención enfrentan una capacidad limitada ante el crecimiento del problema, señaló Saúl Montenegro Mendoza, director de la Comunidad Terapéutica Vista Hermosa y líder de la Alianza Potosina, colectivo que agrupa a 32 centros de rehabilitación en SLP.
Esto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de un joven, presuntamente relacionado con una sobredosis en una escuela preparatoria de la capital, situación que dijo, vuelve a colocar sobre la mesa los riesgos asociados al consumo de sustancias, particularmente entre adolescentes.
Montenegro Mendoza explicó que los menores pueden ser especialmente susceptibles al consumo cuando enfrentan carencias familiares o económicas y tienen contacto con entornos donde las drogas son presentadas como una forma de diversión o pertenencia.
“Es una forma de engancharse muy rápidamente. Creo que hay una descomposición social importante y que el Estado está ofreciendo muy poco en materia de prevención”, sostuvo.
El director de la Comunidad Terapéutica Vista Hermosa señaló que el incremento se ha observado particularmente entre menores de 12 años y adolescentes que cursan hasta tercero de secundaria, por lo que consideró necesario que las autoridades fortalezcan las acciones preventivas desde las escuelas y las familias.
También advirtió que la capacidad institucional no corresponde con las dimensiones que ha adquirido el consumo. Aunque reconoció la existencia de organismos como el Temazcalli, señaló que los servicios disponibles resultan insuficientes.
“Hay una red importante de centros de rehabilitación que son producto de la sociedad civil organizada que está haciendo frente a esto”, apuntó.
Ante la preocupación por el consumo de fentanilo, Montenegro Mendoza consideró indispensable que quienes atienden a personas con problemas de adicción conozcan los efectos de esta sustancia y sepan identificar una posible intoxicación.
Explicó que, a diferencia de otras sustancias, una persona puede presentar una reacción grave incluso con cantidades que aparentemente podrían parecer pequeñas, por lo que una emergencia requiere atención inmediata.
Por ello, destacó la importancia de que exista capacitación sobre el uso de naloxona, medicamento que puede utilizarse como respuesta de emergencia ante una sobredosis por opioides, sin sustituir la atención médica.
El especialista consideró que la capacitación debe extenderse más allá de los centros de rehabilitación e involucrar a las familias, escuelas y otros sectores que tienen contacto cotidiano con niñas, niños y adolescentes.
Montenegro Mendoza explicó que la edad también representa un factor de vulnerabilidad, pues durante la adolescencia todavía se encuentran en desarrollo procesos relacionados con la toma de decisiones y el control de impulsos.
A ello se suma que muchos primeros contactos con las drogas ocurren de manera experimental, sin que el menor necesariamente tenga conciencia de las consecuencias que puede generar el consumo.
“Lamentablemente ese es el gancho”, señaló.
También consideró que la atención de menores con problemas de consumo requiere condiciones distintas a las de los adultos, pues se necesitan espacios adecuados para su edad y mecanismos de contención que permitan atenderlos sin recurrir a esquemas que vulneren sus derechos.
En este sentido, planteó que el Estado debe asumir una mayor responsabilidad en la atención y destinar recursos para ampliar la infraestructura disponible.
“Estaría bien que cerraran todos los centros de rehabilitación, todos, pero que el Estado tuviera una alternativa seria de tratamiento”, expresó.
El dirigente de la Alianza Potosina sostuvo que la respuesta debe ser interinstitucional y no limitarse a los organismos especializados en adicciones, debido a que el consumo también tiene repercusiones en las familias, escuelas y comunidades.
Aseguró que el fortalecimiento de clínicas y centros públicos permitiría ampliar la atención y capacitar al personal para responder ante casos relacionados con sustancias que podrían comenzar a aparecer con mayor frecuencia.
“Hay poco personal y creo que debería de incrementarse, de recibir un presupuesto”, afirmó al referirse a los servicios públicos de atención en salud mental y adicciones.
Finalmente, Montenegro Mendoza señaló que existe una responsabilidad compartida para prevenir que los menores lleguen al consumo y detectar oportunamente los casos, incluso cuando el primer contacto con las sustancias ocurre dentro del propio entorno familiar.
“Hay un trabajo enorme que hacer como sociedad, como sociedad civil organizada, como institución y como gobierno”, concluyó.
