Por Victoriano Martínez
El rechazo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto Banco de Material Castillos no sólo frena el intento de depredación ecológica por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego y su grupo empresarial, sino que además confirma al gobernador Ricardo Gallardo Cardona alineado a proyectos que atentan contra el medio ambiente.
La determinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de negar la autorización de la MIA para el proyecto extractivo en el Ejido Corcovada, de Villa Hidalgo, es la tercera victoria de los ejidatarios en su defensa del territorio y de la integridad ambiental de su región.
La primera se dio el pasado 18 de mayo, cuando en asamblea ejidal fueron respaldados por la Procuraduría Agraria en su determinación de evitar la venta de 426 hectáreas a la empresa CEMAT Construction.
La segunda se registró en los dos días siguientes, 19 y 20 de mayo, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una inspección y colocó avisos de clausura en 50 sitios intervenidos ilegalmente por la empresa.
La tercera ocurrió el pasado 2 de junio, cuando se emitió la resolución sobre el trámite de la MIA para el proyecto Banco de Material Castillos, que acaba de ser notificada a la empresa, y hasta ahora se conoce.
Sobre los tres casos, la iniciativa de los ejidatarios por la defensa de su territorio los llevó, primero, a hacer una consulta a la Procuraduría Agraria que les confirmó que no podían vender sus tierras. Luego a denunciar el daño ecológico provocado por la empresa al intervenir su territorio sin ningún tipo de autorización.
Aunque en el caso de la MIA se trata de un proceso que revisa directamente la SEMARNAT, la intervención de los ejidatarios al denunciar el daño ecológico provocado por la empresa en el territorio sobre el que pretendía realizar su proyecto fue determinante para que se negara el trámite de autorización, como quedó señalado en el cuarto considerando de la resolución.
“Encontró irregularidades como remoción total o parcial de vegetación forestal observándose que se llevó a cabo cambio de uso de suelo en áreas forestales”, señala la resolución y, tras mencionar dos brechas que afectaron 12 mil 36 metros cuadrados, presentar la lista de las coordinadas de los 50 sitios en los que colocaron mantas de clausura.
Tres acciones desde el gobierno federal a favor del Ejido Corcovada que contrastan con la postura de Gallardo Cardona, quien aseguró que los ejidatarios eran asesorados por quienes facilitaron la operación de la Minera San Xavier y la destrucción del Cerro de San Pedro.
“Ya por ahí mucha gente ha querido agarrar esa bandera para tratar de, pues de tener alguna bandera porque no tienen banderas ya, y muchos de esos que agarran la bandera pues son los mismos que permitieron lo de Cerro de San Pedro”, dijo Gallardo Cardona en su oficiosa defensa del proyecto extractivista en Corcovada.
Tan urgido estaba por defender el proyecto de Salinas Pliego que a los asesores jurídicos de los ejidatarios de Corcovada, quienes encabezaron el Frente Amplio Opositor a la Minera, los cambió de bando, con lo que evidenció que está más del lado de los empresarios depredadores, por mucho que se proclame verde ecologista.
Tan poquito le interesa la protección al medio ambiente, que Gallardo Cardona anunció para el próximo mes la inauguración de la Vía Alterna cuya construcción se realizó sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental, cuya negativa se la notificó la SEMARNAT el 4 de enero de 2024 y a pesar de eso arrancó la obra tres meses después, el 4 de abril. Una obra ilegal.
Un tercer ejemplo en el que Gallardo Cardona se coloca a favor de la depredación ecológica es la construcción de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, cuya Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra en trámite, cuestionada por los ejidatarios de El Peyote.
En el portal de consulta de trámites de la SEMARNAT no se ha publicado la documentación relacionada con el trámite de esa MIA, por lo que ya fue requerida por los ejidatarios a través de un juicio de amparo, lo que podría judicializar el trámite y retrasar por años su resolución.
Gallardo Cardona otorgó la concesión de la autopista y la concesionaria, filial del Grupo Valoran, ha mostrado urgencia por iniciar la construcción, lo que abre el riesgo de que se comience la obra sin contar con la MIA, como ocurrió con la Vía Alterna, salvo que en este caso no han logrado convencer a los ejidatarios de El Peyote para comprarles sus tierras.
Una resistencia de esos ejidatarios, quienes rechazaron la oferta de 40 pesos el metro cuadrado por sus tierras y pidieron asesoría del gobierno federal para evitar que los empresarios abusen de ellos.
Tras el anuncio de Víctor Suárez Carrera, procurador Agrario, de que visitará el Estado para acompañar a los ejidatarios a negociar con los empresarios y el gobierno estatal, se desató una presión para evitar esa reunión, al grado de que la empresa subió la oferta a 200 pesos por metro cuadrado y les han ofrecido cinco obras de infraestructura.
Hasta ahora, los ejidatarios de El Peyote se mantienen en la postura de no negociar hasta que estén acompañados por Suárez Carrera, lo que ha generado mucho nerviosismo en Palacio de Gobierno.
Las tres victorias del Ejido Corcovada contra el abuso empresarial confabulado con las autoridades estatales es una muestra de la capacidad de la Procuraduría Agraria, la SEMARNAT y la PROFEPA para actuar en defensa del territorio y el medio ambiente y, en consecuencia, incrementar su activismo ambiental y aplicar el modelo en todo el país.
Las tres victorias del Ejido Corcovada representan además un punto de quiebre ante el que se abre la oportunidad para Gallardo Cardona de alinearse a favor de la defensa del territorio y el medio ambiente o reafirmarse como aliado de empresarios abusivos y depredadores como hasta ahora… de lo que ha dejado muchas evidencias.
