Por Victoriano Martínez
El coronavirus COVID-19 ya está en San Luis Potosí.
De acuerdo con información de un medio de prensa chino retomada por varios medios occidentales, el primer caso en China se presentó el 17 de noviembre de 2019, para el 15 de diciembre ya había 27 infectados. El año cerró con 266 casos y para el día siguiente ya eran 381. Fue a fines de diciembre cuando ya se tenía la certeza de que se enfrentaban con una nueva enfermedad.
El pasado 11 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó oficialmente al coronavirus como COVID-19 y al mes siguiente –el 11 de marzo– emitió la declaratoria de una pandemia.
Desde hace al menos dos meses comenzó a ser previsible la llegada del virus, pero es hasta los últimos días cuando se precipitan los acontecimientos ante los que las bromas en redes sociales comienzan a dejar de ser divertidas, en tanto que la información alarmista dificulta entender la magnitud real de la contingencia.
Una crisis de salud de tal magnitud siempre suele estar acompañada de una inevitable trama de desinformación que constituye un reto adicional para las autoridades responsables de atender y controlar el mal, ya que además de las medidas sanitarias pertinentes tiene que redoblar su esfuerzo para entregar a la población información clara y de calidad, sobre todo, para que sea confiable.
Independientemente de la responsabilidad propia de cada quien para discriminar la información que recibe por redes sociales o a través de medios de comunicación, la autoridad tiene una mayor obligación de no contaminar el tema con asuntos ajenos a lo que resulta pertinente para la contingencia, pues nunca faltan protagonismos interesados, como el reparto de cubre-bocas por parte de Fernando Toranzo, en plena campaña por la gubernatura en 2009.
Una crisis como la que hoy se enfrenta exige tal depuración en la comunicación gubernamental, que muestra nítidamente la importancia de que quienes estén a cargo de la administración pública en todos los niveles dejen de mezclar propaganda con su obligación de informar, que en los hechos es una forma de anteponer sus intereses propios a los de la mayoría.
Una línea tan delgada, que muchas veces provoca que se pretenda hacer cosas buenas que resultan malas o, al revés, involuntariamente se hacen cosas malas con la pretensión de que parezcan buenas.
Este domingo, el Ayuntamiento anunció medidas a propósito del COVID-19. Envió el comunicado en tres ocasiones a los medios y lo hizo circular como imagen a través de redes sociales. El tercer envío a los medios incluyó un aviso en el asunto del mensaje: “favor de tomar en cuenta corrección del COMUNICADO OFICIAL”.
La falla en la primera versión podría denominarse como atentado a la equidad de género, al señalar que “se exploran esquemas de trabajo desde casa para apoyar a Jefas de Familia, cuyos hijos estarán de vacaciones extendidas por Semana Santa del 20 de marzo al 20 de abril”.
A una semana del paro de las mujeres era más que políticamente incorrecto dar a entender que sólo las “Jefas de Familia” tienen la obligación de atender a los hijos, así que en la corrección la referencia cambió por “Jefas y Jefes de Familia”.
Por si quedaba alguna duda de que por encima del comunicado se buscó aprovechar el viaje para intentar dar más lustre a la imagen del alcalde, el comunicado cierra con una presunta cita textual de palabras pronunciadas por Xavier Nava Palacios:
“Asimismo, exhortamos a evitar compras ‘de pánico’, difundir o compartir noticias falsas. Los potosinos siempre hemos enfrentado juntos nuestros problemas y nuestros retos. Hoy no es la excepción. Juntos, en son de paz, habremos de superar esta contingencia sanitaria, para que San Luis suene cada vez más fuerte”, concluyó Nava Palacios.
¿De qué le sirve a la población que en un mensaje que debiera limitarse a la información pertinente para enfrentar una contingencia se hagan burdas y forzadas referencias a los programas sociales que encabeza el alcalde y al lema con el que promociona su administración?
La pandemia apenas tiene cinco días declarada. A principios de abril de 2009 en México comenzó otra epidemia. El 30 de abril de ese año la OMS la denominó A-H1N1. Escaló los niveles de gravedad hasta llegar al seis, y el 11 de junio ese mismo organismo la declaró como pandemia. Fue hasta el 10 de agosto de 2010, 14 meses después, cuando la OMS anunció el fin de la pandemia.
La pandemia del COVID-19 apenas tiene cinco días de haber sido declarada. A todos obligará a asumir nuevos hábitos. Por los próximos meses, en tanto se logre controlar, también resulta deseable que a las distintas autoridades les modifique ese mal hábito de mezclar propaganda con información y rendición de cuentas, y comiencen a respetar el artículo 134 Constitucional.
