Astrolabio

Abelardo Medellín

Aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa refiriéndose a los contratos y actos de la pasada administración como la “herencia maldita”, su gobierno decidió mantener el contrato de expedición de licencias de conducir con la empresa COSMOCOLOR, S.A. de C.V., propiedad del ex diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Kahwagi, misma que ha sido denunciada por corrupción, ineficiencia y precios exorbitantes.

En respuesta a la solicitud de información con folio 240469721000055, la Oficialía Mayor informó que los proveedores de las licencias de conducir que el Gobierno del Estado entregó de forma gratuita fueron las empresas IBERO AZTECA 2000, S.A. DE C.V. a la que se le adjudicaron 2 millones 899 mil 327.20 pesos y COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. con 8 millones 4 mil pesos, a través del concurso de licitación con nombre “TARJETAS PARA LICENCIA DE CONDUCIR”.

El proveedor de la herencia maldita

COSMOCOLOR S.A. DE C.V. es una empresa dedicada a brindar soluciones de “identificación y enrolamiento de personal” y ofrece servicios a los sectores de seguridad pública, identificación y control vehicular.

La empresa fue fundada hace casi 46 años por Jorge Kahwagi Gastine, quien en 2006 le tranfirió la mayor parte de las acciones a su hijo Jorge Kahwagi Macari, quien sostuvo una efímera carrera como boxeador y, además, fue secretario general del Partido Nueva Alianza y diputado federal por el PVEM en la LIX Legislatura.

En 1998 se denunció que Fernando Peña Garavito, titular de la Dirección General de Servicios al Transporte (DGST) del entonces llamado Distrito Federal (hoy Ciudad de México), asignó contratos directos a la empresa COSMOCOLOR, sin realizar una licitación abierta, con un sobre costo de dos pesos por cada licencia y en detrimento en contra del patrimonio público de la ciudad por un monto de 954 mil 357 pesos; lo anterior se encuentra contenido en el expediente A/HPSP/264/98-07 de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General de Justicia).

Luego de lo ocurrido, la empresa se vio inmiscuida en otro escándalo cuando en 2011 un autobús de pasaje atropelló y dio muerte al joven Jair Morales Montero en la carretera Veracruz-Medellín; se descubrió que el chofer tenía una licencia de manejo irregular que no aparecía en la base de datos de la Delegación de Tránsito y Transporte. El incidente reveló que la empresa expedía licencias de conducir tipo “A” para el servicio público de forma irregular, en un esquema donde estuvo coludido por igual el supervisor de tránsito.

La información de este incidente quedó contenida dentro del expediente 88/2011 donde se denunciaron los delitos de abuso de autoridad, el incumplimiento del deber legal y la falsificación de documentos, hechos que investigó la Fiscalía Séptima Investigadora.

En 2009 durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga, el gobierno de San Luis Potosí otorgó contratos multimillonarios sin licitar a la empresa COSMOCOLOR, pero cuya información se ocultó de la página oficial de la Secretaría de Finanzas.

Pese a la opacidad relacionada con estos contratos, la observación número 57 de la Auditoría Superior del Estado reveló que no se encontraron documentos o pólizas que comprueben los pagos sin factura que se hicieron a la empresa COSMOCOLOR.

Tras una lucha legal para que se transparentaran los pagos hechos por el gobierno de Marcelo de los Santos, se encontró un pago sin factura por 78 mil 151.25 pesos identificados con el código de erogación SP04155 y otro más por 421 mil 848.75 pesos identificado con el código SP04154, ambos del 15 de junio de 2009.

De acuerdo con información que la Secretaría de Finanzas de la administración de Fernando Toranzo tuvo que entregar a la organización Ciudadanos Observando, el 24 de marzo de 2010 se realizó un pago por un millón 618 mil 211 pesos cuyo beneficiario debió ser el presidente municipal de Villa de la Paz, pero que al final se le pagó a la empresa COSMOCOLOR sin la emisión de una factura, lo cual, según la misma organización señala, “se puede definir como una triangulación de recursos”.

Dos años después, el 10 de diciembre de 2012, el entonces secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, remitió el requerimiento 03-521 a la Dirección General de Adquisiciones para que se compraran insumos para tarjetas de circulación; tres días después el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo acordó adjudicarle directamente la compra de 500 mil sets de insumos a la empresa COSMOCOLOR por un monto total de 34 millones 109 mil 800 pesos.

Tras la adjudicación a la empresa se le asignó el contrato con número de identificación GDA-CAASPEco203-AD-52-12, mismo que comprende la orden de compra No. 12-5323 del 23 de diciembre de 2012.

Cabe destacar que la empresa ha sido señalada de otorgar servicios de baja calidad que llegan a provocar mermas de hasta el 10 por ciento, lo que deviene en pérdida para las administraciones que contratan sus servicios.

Ejemplo de estas previsibles deficiencias fue lo ocurrido en los estados de Puebla y Tabasco, que en 2014 y 2012, respectivamente, lanzaron concursos de licitación para contratar servicios de emisión de licencias; en ambos concursos participó la empresa COSMOCOLOR y en ninguno de los concursos logró hacer una propuesta solvente.

Contradicciones por los pagos de las licencias

Astrolabio Diario Digital presentó solicitudes de información ante la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas en las que se pidieron los montos presupuestados, facturas de compra por las licencias y las adjudicaciones realizadas por este concepto.

A través del oficio SF/UT/120/2021, la Secretaría de Finanzas contestó:

“Le comento que no existe un presupuesto asignado para este fin en específico y no se han realizado compras, se utilizan los materiales e insumos presupuestados y pagados con fechas 13/11/2020 y 13/08/2021”.

Pese a que la Sefin aseguró que no se ha realizado ninguna erogación por las licencias gratuitas, dicha afirmación contrasta con lo que respondió a la misma solicitud la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo.

Según esta dirección, las facturas referentes a la compra de las licencias no se pueden entregar debido a que está “en trámite” el pago de las mismas, lo cual revela a que se hizo una compra que la Secretaría de Finanzas negó.

Además, resalta que la Secretaría de Finanzas no pueda entregar una factura que supuestamente fue pagada en noviembre de 2020.

Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo habló de las licencias gratuitas en entrevista con medios de comunicación y sobre ellas afirmó: “El material está a punto de llegar, no podemos dispersarlo si no tenemos la anuencia del Congreso”, declaración que confirma la compra relacionada con las licencias de conducir que ahora niega la Sefin.

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