Fernanda Durán
Hay una diferencia importante entre abrir espacios de diálogo y convertir ese diálogo en acción pública. En San Luis Potosí, esa distancia vuelve a hacerse visible cada vez que ciudadanas, colectivos o especialistas llegan al Congreso con diagnósticos, cifras, propuestas legislativas y años de trabajo de campo… solo para descubrir que escuchar no necesariamente significa resolver.
El reciente foro sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en entornos escolares volvió a colocar esa tensión sobre la mesa. Colectivas como Apoyare y Shakti no llegaron únicamente con testimonios o preocupaciones generales: llegaron con un diagnóstico construido durante años, con metodología, permisos previos, solicitudes de información, análisis de datos y una iniciativa concreta presentada desde diciembre de 2025 para crear unidades de prevención, detección y atención de violencia en escuelas de educación básica.
Sin embargo, una parte de la discusión terminó desplazándose hacia terrenos conocidos para cualquier ciudadano que haya intentado empujar reformas desde fuera del aparato público: la viabilidad técnica, los procedimientos, los permisos, las competencias institucionales y la afirmación de que “eso ya existe”.
Es una ruta recurrente. La conversación deja de centrarse exclusivamente en la magnitud del problema —miles de carpetas de investigación, violencia sexual en espacios escolares, baja judicialización, ausencia de indicadores homogéneos— para entrar en el laberinto burocrático donde muchas veces lo urgente se vuelve discutible y lo documentado se vuelve administrativamente revisable.
No necesariamente se trata de una negativa frontal. A veces el mecanismo es más sutil: se reconoce la preocupación, se recibe la propuesta, se convoca a mesas, se solicitan opiniones técnicas, se promete retroalimentación… y el tiempo comienza a operar como un filtro político. En un Congreso cuyos propios registros oficiales reflejan apenas alrededor de nueve horas mensuales promedio de trabajo en el Pleno, la administración del tiempo legislativo también termina siendo una forma de decisión.
Ese patrón no es nuevo. Ya ocurrió con la iniciativa impulsada por Claudia Cuéllar y Mariana Juárez en la pasada legislatura, enfocada en fortalecer mecanismos contra violencia de género en espacios escolares, que permaneció cerca de dos años en comisiones antes de ser formalmente desechada. Y ocurre ahora en un Congreso que, pese a abrir más espacios de parlamento abierto destacando como el que más ejercicios de este tipo tiene en el país, mantiene bajos niveles de resolución efectiva: según el más reciente Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del INEGI, durante el primer año de la actual legislatura solo se dictaminó el 24.8 por ciento de las 323 iniciativas presentadas, mientras 237 permanecieron en estudio. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro propuestas siguen pendientes.
No se trata únicamente de una estadística legislativa; se trata del ritmo con el que las prioridades públicas avanzan o se estancan. Porque mientras las comisiones revisan, solicitan opiniones y acomodan agendas —muchas veces concentrando sesiones hasta el cierre de mes en esquemas simultáneos o de cumplimiento protocolario—, las problemáticas que motivaron esas iniciativas siguen ahí: violencia, omisión, revictimización y sistemas de atención insuficientes.
A esa lógica se suma otra tensión cada vez más visible: mientras buena parte de la conversación pública entre bancadas comienza a concentrarse en alianzas, candidaturas, estrategias rumbo a 2027 o “dividendos electorales”, el trabajo sustantivo de legislar corre el riesgo de desplazarse.
La paradoja es evidente: en la institución más política del estado, el cálculo rumbo a futuras candidaturas parece moverse con más velocidad que buena parte del trabajo legislativo sustantivo.
Claro que la revisión técnica importa, ninguna reforma debería construirse sin análisis institucional serio. Pero cuando el procedimiento se convierte en una barrera prolongada, la técnica corre el riesgo de funcionar más como contención que como solución.
Y ahí surge una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando la ciudadanía no solo protesta, sino investiga, documenta, propone y legisla… pero entra a una maquinaria donde el principal desafío no siempre es convencer, sino esperar?
San Luis Potosí ha mostrado en distintos casos que la participación social existe, pero su traducción en política pública suele depender menos de la urgencia social que del ritmo institucional.
Escuchar, en ese contexto, puede convertirse en un gesto políticamente correcto si no viene acompañado de capacidad para resolver.
Porque para muchas iniciativas ciudadanas, el mayor obstáculo no siempre parece ser la falta de evidencia, sino el tiempo que tarda el sistema en decidir si esa evidencia merece convertirse en prioridad. Cuando una propuesta entra a una estructura que resuelve menos de una tercera parte de sus iniciativas, el riesgo no siempre es el rechazo inmediato: a veces basta con dejar que el tiempo haga el resto.
Mientras tanto, en paralelo a ese ritmo lento para procesar reformas estructurales o ciudadanas, también prosperan iniciativas de diputados que sí alcanzan titulares inmediatos, foco público y rentabilidad política. Propuestas como la reciente tipificación de las llamadas “narcomantas” permiten proyectar una imagen de reacción firme frente a problemas visibles, aun cuando su construcción jurídica pueda resultar ambigua, sobrecargada o con efectos inciertos en la práctica.
Así, mientras reformas complejas suelen empantanarse en diagnósticos, mesas técnicas y revisiones interminables, otras avanzan con mayor velocidad bajo la lógica de la visibilidad pública: medidas que permiten colgarse la medalla legislativa, aunque no necesariamente modifiquen de fondo la realidad social, institucional o de seguridad del estado.
Y ya estando…
PRIORIDADES INVERTIDAS: Mientras taxistas vuelven a las calles por una regulación que sigue sin resolverse, las plataformas operan entre vacíos legales y miles de usuarios enfrentan rutas lentas, escasas o insuficientes, la movilidad en San Luis Potosí sigue acumulando pendientes estructurales. En ese contexto, más allá del discurso de confrontación o de exigir pruebas por parte de la secretaria Araceli Martínez Acosta, la discusión de fondo parece ser otra: si la prioridad de la SCT está realmente en resolver los problemas del transporte público o si la agenda política y partidista está ocupando demasiado espacio en una dependencia cuyos resultados deberían medirse, sobre todo, en soluciones.
PATEANDO EL BOTE: el Congreso sigue presentando ante la Corte como “avances” reuniones, mesas de trabajo y revisiones burocráticas para aparentar movimiento, cuando en realidad sabe que no está dispuesto a invertir el recurso necesario para cumplir con las consultas pendientes. A ello se suma el aumento de cálculos presupuestales a cifras cada vez más altas, utilizadas como argumento para prolongar el incumplimiento de reformas obligatorias. Más que una ruta de solución, la estrategia parece centrarse en alargar plazos, administrar la omisión y esperar que los tiempos políticos o electorales vuelvan a darles margen para seguir postergando responsabilidades que ya fueron ordenadas por la Suprema Corte.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
