Por Victoriano Martínez

El cuarto de aislamiento, que no es de aislamiento sino para tratamientos médicos, en el Centro de Asistencia Social “Rafael Nieto” es un tema que no debería tratarse de forma tan evasiva, como lo hizo Miguel Cardoza Mora, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) al requerírsele información, y mucho menos minimizarlo.

En doce días se cumplirán 60 años de que la Declaración Universal de los Derechos del Niño (DUDN) fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Después de tanto tiempo de que, en su preámbulo, se consideró que “la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, resulta inaceptable que en una institución que asume como misión otorgar “la orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social” pudiera haber, incluso, un solo indicio de maltrato a un menor.

En el Centro de Asistencia Social “Rafael Nieto” hay mucho más que un indicio de que no se atiende el interés superior del niño, que debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, sino que también se falla en garantizar su derecho universal a ser protegido contra toda forma de abandono y crueldad.

Son responsabilidades esenciales de ese tipo de instituciones que, al estar obligadas a velar por derechos universales, como el punto 6 de la DUDN (“La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia”), tienen un compromiso de cara a la sociedad en general.

Lesionar de esa manera los derechos de los niños constituye una violencia institucional que ha sido equiparada con una especia de bullying institucional por Suhayla Bazbaz Kuri, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., que ha trabajado en prevenir la violencia escolar mediante el fortalecimiento de la cohesión comunitaria en secundarias públicas.

Por cierto, por extraña coincidencia, el Congreso del Estado determinó entregar la presea al Mérito Plan de San Luis a María de los Ángeles Hermosillo Casas, presidenta de la asociación Rescátame Por Favor, precisamente –entre otras cosas– por su labor para combatir el bullying.

Lo que está en juego no es poca cosa: la confianza en instituciones que deben privilegiar el interés superior de la niñez más vulnerable y la garantía de que sus derechos universales sean respetados.

Por eso las respuestas evasivas del procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o que tratan de minimizar con versiones dubitativas que tratan de justificar las condiciones del cuarto de aislamiento, que no es de aislamiento sino para tratamientos médicos, sólo abonan a un cuestionamiento que la sociedad tiene que hacer:

¿En manos de quién están los niños más vulnerables de nuestro entorno?