- Derogan o desconocen el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga
- Cabildo incurriría en responsabilidades por distorsionar una cuestión ambiental
Por Victoriano Martínez
Desde el pasado viernes, activistas comenzaron a entregar solicitudes de aclaración al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en los que cuestionan la falta de información técnica y del documento resultante, así como violaciones al decreto publicado el 21 de agosto de 2003 que crea el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga en la Sierra de San Miguelito
La mañana del viernes, en la página del IMPLAN aparecieron mil 125 respuestas para los participantes en la consulta sobre el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMTODU) y mil 347 en el caso del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PMDUCP).
Para el sábado, el número de respuestas publicadas había bajado a mil 98 para el PMOTDU y a mil 340 para el PMDUCP. Ni las aparecidas el viernes, ni las que se mantuvieron este fin de semana coinciden con la cifra de 2 mil 481 participaciones que el IMPLAN le reportó formalmente a los integrantes del Cabildo.
Los abogados José Corpus Salazar, Luis Alberto Suárez Castillo y Claudia Paola Rodríguez Nárvaez, quienes asesoran a uno de los grupos de activistas, iniciaron desde el propio viernes la elaboración de las peticiones de aclaración por considerar incompletas las respuestas, además de que se incurre en violaciones al decreto de Plan del Centro de Población Estratégico de 2003 (PCPE-2003).
Se trata de dos tipos de cuestionamientos, de los que ya presentaron dos solicitudes formales el pasado viernes y estiman que este lunes presentarán 100 más. En ambos cuestionamientos se plantea la violación a la AN-PPRE como área natural protegida según se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 21 de agosto de 2003, como parte del PCPE-2003.
Los puntos principales que se cuestionan en estas dos modalidades de aclaración son:
La falta de incluir en la respuesta el resultado de la revisión técnica de los planteamientos.
No incluirla resolución mediante la que el IMPLAN derogó o desconoció el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga establecida en el Periódico Oficial del Estado desde el 21 de agosto de 2003.
Como consecuencia del anterior, piden los estudios de carácter técnico y/o científico realizados por el IMPLAN o la empresa contratada para realizar trabajos tendientes a suprimir, desconocer o modificar el ANP Municipal denominada Área Natural de Protección al Paisaje y de Recarga y el área de Protección a la Cuenca Hidrológica, también incluida desde 2003.
Adicionalmente solicitan la constancia que acredite que para la elaboración de esta actualización de los programas de desarrollo urbano se convocó para participar la SEMARNAT, CONAGUA, CONANP y SEDATU.
También requieren copia de la propuesta aprobada por el IMPLAN que será remitida al Cabildo para su análisis, discusión y/o aprobación respecto a la viabilidad de llevar acabó los procesos de actualización de los proyectos.
En los escritos se requieren los elementos de carácter técnico y/o científico para modificar las superficies identificadas como Área Natural de Protección al Paisaje y de Recarga, y del Área de Protección a la Cuenca Hidrológica con relación a los proyectos de alto impacto presentados el 28 de agosto del 2019 durante el Tercer Taller de la Consulta.
De acuerdo con los abogados, se tienen identificadas al menos mil 643 respuestas del IMPLAN en las que ignoran la existencia del Área Natural de Protección al Paisaje y de Recarga o la confunden con el Área Natural Protegida que se encuentra en proceso de definición por parte del gobierno federal para la Sierra de San Miguelito.
Explicaron que al desconocer una declaratoria que ya existe desde 2003, dictaminada por el propio Cabildo de la Capital, los actuales regidores podrían incurrir en una responsabilidad al distorsionar una cuestión ambiental. Mencionaron que hay otro grupo de abogados que trabaja en la presentación de una denuncia ambiental ante instancias federales.
