Angélica Campillo
De acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, el Poder Judicial fue omiso al exhorto realizado a principios de 2022 por el Poder Legislativo, respecto a la implementación de un protocolo para la protección del personal de los centros de impartición de justicia.
Esto debido a que en la madrugada de este lunes se registró un ataque armado a las afueras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, el cual sufrió las consecuencias de dicha omisión de acuerdo con el diputado.
Guajardo Barrera manifestó que el Poder Judicial no ha puesto en marcha un protocolo institucional para la protección del personal de seguridad, jueces y magistrados en los centros de impartición de justicia.
Además de que tampoco ha elaborado un diagnóstico real sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadores, a pesar de que el Congreso del Estado les solicitó poner en práctica una serie de medidas que auxilien a quienes asisten y laboran ahí.
El diputado aseveró que preocupa mucho el peligro al que están expuestos quienes aplican las políticas públicas penitenciarias, y lamentó que el Poder Judicial haya ignorado el llamado que hizo el Congreso para proteger al personal, “significa que no están cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades”.
Según lo referido por el legislador, sería aventurado de su parte señalar que tras el ataque armado en La Pila, el crimen organizado desafía a la autoridad, sin embargo, lo más importante es fortalecer a las instituciones y que estén preparadas en una etapa preventiva ante cualquier situación de inseguridad.
En ese sentido, Guajardo Barrera hizo un llamado al Poder Judicial para que implemente un protocolo institucional para la protección del personal de seguridad y elabore un diagnóstico de la situación de los penales, así como en los centros de justicia para poder actuar de manera responsable, y no solo ser reactivos.
