Desiree Madrid
Al menos 175 unidades de transporte público se encuentran fuera de operación, sin que exista claridad pública sobre las causas específicas en cada caso, un dato revelado a través de la solicitud de información con folio 241229826000004. Sin embargo, este punto, contenido en la respuesta oficial ampliada, se convirtió en uno de los elementos más relevantes del expediente tras el recurso de revisión promovido por un solicitante.
De acuerdo con el informe de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano, las unidades fuera de servicio están asociadas a diversos supuestos establecidos en la legislación estatal.
Sin embargo, lejos de detallar esta información, la dependencia reconoció que las causas particulares se encuentran dispersas en expedientes físicos individuales, lo que impide, según su argumento, entregar un desglose puntual en formato digital.
La autoridad señala que la información está contenida en 175 expedientes que en conjunto superan las 5 mil hojas, lo que representa una limitación operativa para su reproducción. Incluso menciona que el proceso de digitalización se vería obstaculizado por la capacidad técnica disponible, al contar con equipo limitado y solo tres personas encargadas de estas tareas dentro de la dependencia.
Ante este escenario, la respuesta institucional opta por ofrecer la consulta directa de los documentos en sus instalaciones, en lugar de entregar la información de manera accesible. Esto implica que cualquier persona interesada en conocer las causas específicas por las que estas unidades dejaron de operar tendría que revisar físicamente miles de páginas, trasladando la carga de análisis al solicitante.
El caso evidencia una práctica recurrente en el manejo de información pública: la existencia de datos no garantiza su accesibilidad. Aunque formalmente se reconoce que las causas están documentadas, la falta de sistematización y digitalización convierte esa información en prácticamente inaccesible para el público en general.
Además, la ausencia de un desglose claro impide conocer si estas unidades salieron de circulación por fallas mecánicas, incumplimientos administrativos, sanciones o cualquier otro motivo. Esta falta de precisión limita la posibilidad de evaluar el estado real del sistema de transporte y su impacto en el servicio que reciben los usuarios.
La resolución del órgano garante obligó a la autoridad a proporcionar información adicional, pero no resolvió de fondo el problema estructural: la dispersión de datos y la falta de mecanismos eficientes para transparentarlos. En los hechos, el acceso a información clave sigue dependiendo de procesos que dificultan su consulta.
En este contexto, el dato de las 175 unidades fuera de operación no solo refleja una parte del estado del transporte público, sino también las limitaciones institucionales para transparentar información relevante de manera efectiva.
