De cómo el poder económico inmobiliario hizo trizas un compromiso presidencial

Por Victoriano Martínez

Si con los programas de desarrollo urbano aprobados por el Cabildo de la Ciudad se dio un primer atentado contra la Sierra de San Miguelito en una postura de que sí se toca, pero poquito, con los acuerdos logrados por los desarrolladores inmobiliarios con las autoridades de SEMARNAT para recuperar la superficie original del proyecto Las Cañadas, el golpe resulta demoledor.

El pasado 5 de marzo, el Cabildo aprobó los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP) en los que se declararon urbanizables 500 de las 2 mil 68 hectáreas que pretendían los desarrolladores inmobiliarios para su proyecto Las Cañadas en torno a la presa de la Cañada del Lobo.

En apariencia, se trató de ceder una parte para que no se afectara el todo, además de que la autoridad municipal se ajustó al polígono propuesto por la SEMARNAT para delimitar el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito (ANPSSM). Hoy todo indica que los grandes desarrolladores inmobiliarios no lo vieron así, y pronto comenzaron la presión sobre las autoridades federales.

En lo que los programas pasaban por el tamiz del dictamen de congruencia a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), los empresarios –en alianza o con las autoridades comunales de San Juan de Guadalupe como sus operadores obligados– comenzaron acciones para recuperar lo que, desde su perspectiva, habían perdido.

Los días 7 y 8 de abril se realizaron recorridos de campo por la zona del proyecto Las Cañadas que aparentemente tenían que ver con delimitar lo que ya se había autorizado como urbanizable, pero en realidad resultó ser el reconocimiento del otro polígono, el que habría quedado dentro del ANPSSM, para pedir de manera formal a la SEMARNAT su exclusión del área a proteger.

Para el 27 de abril, cuando finalmente se publicaron el PMOTDU y el PMDUCP en el Periódico Oficial del Estado y los desarrolladores inmobiliarios prácticamente ya podían contar con 500 hectáreas para su proyecto, los fraccionadores ya tenían una minuta en la que quedaba claramente establecida su capacidad para comenzar a someter a la autoridad federal ambiental.

“Se acordó entre las instituciones y la Comunidad, realizar un siguiente levantamiento topográfico que elaborará la comunidad, a efecto de excluir áreas de encinares, áreas de escurrimiento hacia la presa Cañada del Lobo, de la zona 3 de las tierras de uso común (…) para efecto de que las instituciones lo tomen en cuenta en la definición del ANP Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito”.

Sobre lo que pasó entre el 7 de abril y el 3 de junio entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades de SEMARNAT puede aportar una idea el hecho de que el 3 de junio las autoridades comunales presentaron el resultado de su levantamiento topográfico y al día siguiente les avisan que efectivamente se excluirá de la ANPSSM… ¡justo el área que requiere el proyecto Las Cañadas!

Una determinación que desecha el trabajo de los investigadores de la UNAM, con todo y las sospechas que sobre ellos también había sobre excluir áreas que debían protegerse, y que además traiciona el compromiso hecho con diversos grupos ecologistas de proteger especialmente la presa de la Cañada del Lobo, futuro embarcadero de un desarrollo residencial de lujo.

Un oficio, el DGCD/250/2021 firmado por César Sánchez Ibarra, director de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que borra de un plumazo el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciado el 24 de mayo de 2019 en la Plaza de los Fundadores: la Sierra de San Miguelito no se toca.

Una determinación que –de rebote– pone en entredicho la promesa de Ricardo Gallardo Cardona que parecía en vías de cumplirse sin necesidad de su intervención: Convertir la Sierra de San Miguelito en ANP. ¿Estará dispuesto a confrontar al ala ecológica de la 4T que hoy ha decidido mutilar de manera grave la protección a la ciudad al abrir parte de la Sierra a la urbanización?

Un cambio de último momento que a todas luces es resultado de la presión de los desarrolladores inmobiliarios ante el que, tal como están publicados en el Periódico Oficial del Estado los programas PMOTDU y PMDUCP, hoy serían el único obstáculo para los desarrollos en esa parte ahora excluida de la ANP al no estar catalogada como urbanizable.

Lamentablemente si los desarrolladores pudieron someter a la SEMARNAT para excluirla del ANPSSM, que las nuevas autoridades municipales se plieguen a sus necesidades lo deben ver casi como un juego infantil.

Resultado: Un compromiso presidencial de que la Sierra de San Miguelito no se toca balín, ante una presión del poder económico empresarial inmobiliario que puede imponerse por encima del interés general de los habitantes de la ciudad ante los riesgos que implica perder los servicios ecológicos que le presta la Sierra de San Miguelito.

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