Alejandro Rubio
Apenas un día después de ser presentada ante el Senado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona exhibió su intención de contravenir lo dispuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su iniciativa de reforma constitucional, conocida como “Plan B”, con una interpretación muy a modo que no solo violaría esta nueva disposición, de ser aprobada, sino que limitaría la participación de minorías políticas garantizada con el principio de representación proporcional y disminuiría los contrapesos.
“…porque no viene en el Plan B, es que sea por regidor por cada 100 mil habitantes de cada municipio. ¿A dónde voy? Que si la capital lo máximo que puede tener son 15 [regidores], porque hoy tiene 18, más síndicos, entre todos son como 20, 22, pues si son 15, entonces no es correcto o congruente que Coaxcatlán tenga 15, porque se adecuaría a como viene el Plan B de Presidencia de la República, que ellos dicen ‘bueno con que no pase de 15’ (…) entraría una reforma local por parte de nosotros donde haríamos la adecuación para que podamos hacerlo por medio de la población, si la capital tiene 15, que es lo que viene en el Plan B, pues nosotros adecuar a que Coaxcatlán pues lo máximo que va a alcanzar son tres o cuatro regidores” (sic).
Una conclusión del gobernador que además de desinformar sobre la reforma presentada, también expone un claro desconocimiento del documento, de la población de cada municipio y de la composición de los 58 Cabildos y un Concejo Municipal integrados en la entidad.
De entrada, a muy simple vista, el criterio de un regidor por cada 100 mil habitantes, propuesto por Gallardo Cardona, resultaría en una gran encrucijada porque habría ¡menos regidores que municipios!
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de San Luis Potosí es de 2 millones 822 mil 255 habitantes, lo que significa que, con dicha propuesta, debería de haber tan solo 28 regidores para los 59 municipios del estado; un problemilla del que debió haberse dado cuenta antes de intentar “corregirle” la plana a la presidenta.
En el estado tan solo hay 5 municipios que superan los 100 mil habitantes (San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Villa de Pozos y Matehuala) y, por lo tanto, otros 54 que no encajan con el criterio propuesto por el gobernador, ¿qué pasará entonces con estas demarcaciones? ¿se quedarían sin regidores?
Es falso que el “Plan B” únicamente prevea “que no pase de 15 [regidores]”, como afirmó el gobernador.
La modificación propuesta al artículo 115 de la Constitución Mexicana dice que “I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías”.
Además, el sexto transitorio establece que “los Ayuntamientos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con un número de regidurías menor a quince conservarán su integración actual. Dicho número sólo podrá modificarse en atención a criterios de población, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de las legislaturas de las entidades federativas, conforme a su legislación aplicable”.
Si bien la reforma permite que cada congreso local decida el total de regidores que tendrán los municipios de sus estados, en razón del criterio de número de habitantes, también establece un rango mínimo y máximo de representantes que deberán integrar los Cabildos: entre siete y 15.
De ser aprobado el “Plan B”, no podría haber una reforma local que establezca un municipio con tres o cuatro regidores, como prevé el gobernador, por una simple y sencilla razón: no se puede contradecir la Constitución federal.
La capital potosina, el municipio más poblado del estado, cuenta hoy con 15 regidurías (una de mayoría relativa) y dos sindicaturas; mientras que Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Villa de Pozos, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale se integran de 12 regidurías (una de mayoría relativa) y dos sindicaturas, por lo que las siete demarcaciones únicamente deberían reducir una sindicatura para encajar con la iniciativa de Claudia Sheinbaum.
En otro extremo están los 52 municipios restantes que, salvo uno, se componen de seis regidurías (una de mayoría relativa) y una sindicatura. Aquismón solo tiene cinco regidurías (una de mayoría relativa) y una sindicatura.
En todo caso, el sexto transitorio permite que a la entrada en vigor del “Plan B” dichos municipios conserven sus seis regidurías y dicho número solo pueda ser modificado por el Congreso del Estado, para incrementarse a, al menos, siete, no para disminuirse a “tres o cuatro”.
El afán desinformador de Gallardo Cardona con el que prepara la presentación de su iniciativa de reforma electoral local, levanta más sospechas por la ya conocida interpretación a modo que suele darle a los proyectos federales, que supuestamente respalda, pero que modifica a conveniencia.
Ocurrió con la reforma al Poder Judicial, cuando, de forma muy vivaz, el gobernador envió una iniciativa en la que preveía delirios como la figura de un Tribunal Unitario, es decir, compuesto por una sola persona, en lugar del Tribunal de Disciplina Judicial de cinco integrantes establecido en la modificación federal.
Aquel papelón también le otorgaba todo control de los candidatos al Gobierno del Estado, al establecer un único comité de evaluación.
Aunque la reforma fue aprobada, con el voto en contra de Morena, días después la bancada del Partido Verde presentó una serie de modificaciones que corrigieron casi todos los caprichos del gobernador, salvo su deseo de que el Poder Judicial se renovara en su totalidad y no de manera escalonada.
“Para asegurar una implementación efectiva de la reforma constitucional federal, es crucial ajustarla a la realidad local, por ello, con el afán de contribuir al fortalecimiento del federalismo en México, se hace el mejor esfuerzo por respetar la esencia de la reforma constitucional federal”, escribió Gallardo Cardona en la exposición de motivos de aquella iniciativa al Poder Judicial, que bien podría copiar y pegar en su nueva propuesta de reforma electoral, el detalle será ver a cuál a “realidad local” se refiere esta vez el gobernador, a la de San Luis Potosí o a la suya.
