Por Victoriano Martínez
De los más de seis mil candidatos que participaron en el proceso electoral del pasado 6 de junio para ocupar alguno de los 537 cargos en juego, sólo 39 publicaron sus declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal en la plataforma que puso a su disposición la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, denominada 3de3 por la integridad.
Desde entonces fue muy claro el perfil de opacidad con el que se presentó la inmensa mayoría de quienes hoy ocupan los cargos públicos definidos en aquella votación.
Entonces era una acción voluntaria con la que podrían proclamarse transparentes con hecho y no como promesa a cumplir una vez que resultaran electos, porque ni siquiera lo prometieron.
Hoy se trata de una obligación legal de la que no hablan y en la que se mantienen en la postura de tratar de evitarla, al grado de que la Contraloría General del Estado emitió el pasado 23 de noviembre un acuerdo para prorrogar su presentación por más de un mes, bajo el pretexto de que la plataforma Declaranet tuvo fallas técnicas del 20 Septiembre al 14 de octubre.
Así libraron el vencimiento del 25 de noviembre. Hoy el nuevo plazo ya está vencido desde el 26 de diciembre, pero las declaraciones patrimoniales siguen sin aparecer publicadas, al menos en la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, un sistema también mantenido en el olvido y del que tampoco suelen hablar. ¿Por qué será?
Para los nuevos funcionarios municipales, los alcaldes a la cabeza, el plazo de presentación se venció el 29 de noviembre. Nueve municipios publicaron, entre el 1 y el 15 de diciembre, sus respectivos acuerdos de prórroga así haya sido con el plazo vencido, es decir, con la obligación legal incumplida.
El INTERAPAS, como organismo municipal que se renueva como efecto secundario, tuvo un periodo similar para la entrega de las tres declaraciones de sus nuevos funcionarios y también publicó, el 15 de diciembre, su propio acuerdo de prórroga para la presentación de los documentos. Igual, fuera de plazo.
Más de un curioso debe estar atento a la aparición de ciertas declaraciones 3de3, pero para ellos la noticia es que si les interesa conocer las 3de3 del gobernador o del alcalde de la capital, aún no aparece ni un solo documento de la Secretaría Particular del Gobernador ni del Ayuntamiento.
Si realmente estuvieran convencidos de ejercer un gobierno con transparencia y apegado a la legalidad, la PDE del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sería una auténtica plataforma para demostrarlo, y no el ofensivo gasto en propaganda que sólo exhibe su negligencia: tan inútiles resultan que tienen que intentar convencer a golpe de propaganda.
Ni porque se trata de una obligación legal, la inmensa mayoría sigue como en campaña: sin publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
De los 58 ayuntamientos, en 23 casos ya aparecen las declaraciones en la PDE del SEA con las de sus respectivos alcaldes incluidas, es decir, sólo 4 de cada 10 alcaldes las han publicado. Hay diez casos en los que el personal de los ayuntamientos ya publicó sus 3de3, pero el alcalde no. En los 25 ayuntamientos restantes no aparece una sola declaración.
Desde que eran candidatos quienes hoy están al frente de la administración pública exhibieron su vocación por la opacidad. Difícilmente se podría esperar algo distinto y, en consecuencia, lo que realmente se puede esperar es que todo termine en simulación con documentos falseados… a fin de cuentas no hay autoridad que ponga orden.
