Por Victoriano Martínez
“Ayer participé en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el Gobernador @JMCarrerasGob de San Luis Potosí. Expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos”, escribió el 3 de marzo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su cuenta de Twitter.
Informar a medias es mucho peor que no hacerlo. Los vacíos de información abren tanto espacio a la especulación que, en el caso del tuit de Nieto Castillo dos días antes de que se iniciaran las campañas electorales por la gubernatura, involucra a dos candidatos: José Luis Romero Calzada y Ricardo Gallardo Cardona.
El 9 de octubre, Nieto Castillo declaró aquí que integraban la investigación sobre dos denuncias en contra de Gallardo Cardona, sin señalar los asuntos de las indagaciones, y una más en contra de Romero Calzada que tiene que ver con el robo de hidrocarburos.
La expresión del titular de la UIF en el sentido de que “expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos” difícilmente puede desligarse de ese antecedente.
La revelación que hace el columnista de El Universal, Roberto Rock, seis días después del tuit de Nieto Castillo, sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos “de posible origen ilegal” en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y de Gallardo Cardona, ya no sólo incentiva la especulación original.
La aparición nuevamente de Alejandro Rojas Díaz Durán en rueda de prensa para anunciar que si gana la gubernatura Mónica Rangel, le pedirán y apoyarán como partido para que “se profundicen las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene contra los señores Gallardo”, muestra otro de los efectos negativos de la información a medias: un oportunismo electorero.
Si bien Xavier Nava Palacios, virtual candidato de Morena para ser reelecto, retoma su bandera de frenar las corruptelas de la gallardía, flaco favor le hace el oficioso Rojas Díaz Durán con sus desplantes oportunistas, por resultar de lo más inoportuno ante las denuncias acumuladas en contra de los Gallardo, de las cuales 11 las promovió el Ayuntamiento encabezado por su candidato.
Desde el 14 de noviembre de 2018, Nava Palacios señaló la existencia de mil 483 observaciones a la gestión de Gallardo Juárez como alcalde, y aunque finalmente sólo derivaron en 11 denuncias –cinco en la Fiscalía General de la República–, es de suponer que cada una de ellas fue respaldada por una profunda investigación, y lo preocupante es que la FGR no haya actuado.
El pasado 23 de febrero, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) –al conmemorar el tercer aniversario de la presentación de la denuncia por enriquecimiento ilegal en contra de la familia Gallardo– advirtió que “las corruptelas de la gallardía, denunciadas y por todos conocidas, no son un problema electoral, son un problema penal”.
“Si de verdad quieren salvar a la administración pública de la corrupción que representa la gallardía, desde hace ya varios años no sólo pudieron hacerlo, sino que debieron hacerlo. Nunca es tarde para corregir”, señaló el FCA.
“Elementos para procesar penalmente a los Gallardo los hay desde que incursionaron en la política a partir de 2009, y se siguen acumulando según se tienen noticias de investigaciones en curso en distintas instancias de fiscalización federales”, agregó el Frente en un comunicado.
Entre la información que sobre los Gallardo se ha revelado recientemente se encuentra una investigación realizada por el gobierno federal en la que se estima que Gallardo Juárez y Gallardo Cardona habrían desviado más de 700 millones de pesos desde entre 2009 y 2018, cuando fueron alcaldes de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí en el caso de Gallardo Juárez.
¿Para qué tomar como bandera la promesa de buscar castigo contra los Gallardo cuando ganen la elección si desde ahora existen todos los elementos para exigirlo?
Las denuncias del Frente Ciudadano Anticorrupción, por la compra de medicamentos a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruiz por más de 66 millones de pesos y por enriquecimiento ilícito por la compra de 118 propiedades, llevan más de tres años y finalmente ambas fueron turnadas a la FGR, con todas las pruebas aportadas.
De las 11 denuncias presentadas en 2019 por el Ayuntamiento, sobre las que Nava Palacios puede dar testimonio de que las investigaciones de las que derivaron se hicieron a profundidad, algunas ya cumplieron dos años y otras están por cumplirlos.
La dosificación de la información como la hecha por Nieto Castillo con su tuit no sólo da pie a la especulación, sino también a una manipulación irresponsable que –voluntaria o involuntariamente– muestra una intención de prolongar el de por sí ya añejo atentado contra el derecho a una justicia pronta y expedita con fines electoreros.
La UIP tendrá que desligarse de ese manejo electorero de su información pero, sobre todo, ser más responsable para evitar generar esos climas de especulación que, en un ambiente de contienda electoral, nunca faltará quien lo aproveche para su propaganda, como deja constancia Rojas Díaz Durán.
Pretender atraer votos para Mónica Rangel Martínez con la promesa de que habrá justicia en el futuro resulta una desafortunada extensión del timing con el que el gobernador Juan Manuel Carreras López pretendió que se confiara en él, y que a la fecha sólo ha sido su mascarada para proteger y dar impunidad a la gallardía.
No hay que olvidar que Rangel Martínez viene del gabinete de Carreras López, el gobernador del timing de la impunidad y la corrupción.
