Victoriano Martínez
Los ex gobernadores Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo, con sus respectivos secretarios de Finanzas, fueron denunciados ante la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda por presunto desvío de los recursos retenidos por aportaciones y cuotas de los trabajadores de la educación.
La denuncia fue presentada por el diputado Edgardo Hernández Contreras el pasado 9 de octubre y tiene relación con el crédito por más de mil 225 millones de pesos que la Legislatura pasada le autorizó al gobernador Juan Manuel Carreras López para cubrir adeudos con el ISSSTE.
En el documento, Hernández Contreras también señala al gobernador Carreras López por justificar, en la exposición de motivos de la Ley del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2017, que sus antecesores no enteraran las retenciones del ISR a los trabajadores de la educación.
“El Gobernador Actual, Dr. Juan Manuel Carreras López, mencionó como justificación de las administraciones pasadas, para NO enterar al Servicio de Administración Tributaria lo concerniente a la retención del ISR de los trabajadores de la educación, el hecho que, a partir del 2008 la Ley de Coordinación Fiscal estableció una nueva fórmula para la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), la cual ocasionó una disminución de recursos para el Estado”, menciona en la denuncia.
Menciona que en el mismo documento se advierte que al no disponer de recursos suficientes para cubrir el pago total de la nómina se generó un déficit que al cierre de 2016 ascendía a 5 mil 836.7 millones de pesos sin incluir actualizaciones, recargos y multas por impuestos no pagados.
La justificación que hace Carreras López sobre la actuación de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo, agregó, se repite en la Ley del Presupuesto de Egresos para 2018.
Hernández Contreras señala que las conductas de los dos ex gobernadores y sus secretarios de finanzas encuadran en los delitos de defraudación fiscal y el de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se entregó copia de la denuncia a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y al propio Congreso del Estado.
La Secretaría de la Función Pública turnó el caso a la Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal para integrar las actuaciones que correspondan.
