De acuerdo a la ley el Congreso debe citar a responsables para explicar su actuar
Eduardo Delgado
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le notificó al Congreso del Estado el incumplimiento del Ayuntamiento capitalino e Interapas a la recomendación 16/2018, girada por el organismo dos días antes de concluir la administración del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, la cual violó derechos indígenas.
El artículo 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos impuso: “Una vez que el Congreso del Estado haya sido informado por la Comisión respecto a omisiones o prácticas recurrentes que violenten los Derechos Humanos o del incumplimiento de recomendaciones o medidas precautorias, citará a comparecer a las autoridades o personas integrantes del servicio público que juzge necesario para que expliquen públicamente su actuar”.
Luego de poco más dos años de expedida la recomendación, el organismo encabezado por Jorge Andrés López Espinosa envió al Congreso del Estado la notificación acerca del incumplimiento, consignada como recibida y remitida a la comisión legislativa correspondiente durante la sesión ordinaria celebrada este lunes.
El 28 de septiembre de 2018, dos días antes de finalizar el trienio de la administración del ex alcalde perredista Ricardo Gallardo, la CEDH emitió la recomendación por la vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos, así como a la ciudad.
Ello, luego de que el 6 de marzo de 2017, el representante de la comunidad Mixteca Baja, Narciso Mendoza López, se quejó de que los integrantes del Ayuntamiento no atendieron sus peticiones de apoyo a compañeros indígenas, entre las que destaca la consulta previa, libre e informada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Antes, en noviembre de 2015, Narciso Mendoza solicitó a la administración gallardista que se considerara contar con un Departamento de Asuntos Indígenas como parte del gabinete y le requirió también los servicios de alumbrado público, pavimentación, agua potable, drenaje y alcantarillado, servicio de recolección de basura y condonación de servicio de panteón para la comunidad mixteca.
La anterior administración realizó una consulta en diciembre de 2015, con la presencia de representantes de comunidades indígenas y le comunicó a Narciso que la creación del departamento de Asuntos Indígenas no resultaba viable, porque el porcentaje de población indígena en la ciudad era aproximada al 0.5 por ciento.
Derivado de ello, la CEDH determinó que, a pesar de haberse realizado la consulta previa a fin de elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, hasta el 28 de septiembre de 2018 “los habitantes de cada comunidad carecen de los servicios municipales básicos, lo cual conlleva que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y de desventaja ante el resto de la población”.
Por ello, les hizo diversas recomendaciones a los entonces responsables de Desarrollo Social, Interapas y Seguridad Pública Municipal, incumplidas por los actuales encargados de dichas áreas, Óscar Valle Portilla, Ricardo Fermín Purata y Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, respectivamente, durante la administración encabezada por Francisco Xavier Nava Palacios.
La CEDH le recomendó a Desarrollo Social dictar medidas administrativas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, así como para asegurarles su derecho a mejorar sus condiciones de vida, incluidos su derecho a la salud, educación, asistencia social, vivienda y trabajo, a través de becas y programas de apoyo incluidos en la Ley de Egresos Municipal, además de valorar la pertinencia de designar un enlace entre el Ayuntamiento y los representantes de las diversas comunidades indígenas, para que en forma permanente los pueblos mixtecos, mazahua, triqui y wixarika puedan acceder a beneficios y apoyos de carácter social.
Al director de Interapas le recomendó dotarles de agua de manera permanente, a través de los mecanismos de distribución de ese organismo. “Este punto se dará por cumplido, una vez que se reciban en un periodo no menor a seis meses, los reportes que acrediten el suministro de agua potable”, condicionó.
A su vez, emplazó al titular de Seguridad Pública a garantizar el derecho a la seguridad pública de la comunidad mixteca baja, asentada en esta ciudad, y realizar rondines de vigilancia en forma continua “hasta que los índices delictivos que aquejan a dicha comunidad, disminuyan y la seguridad se restablezca”.
