Antonio González Vázquez

Hace dieciocho años que se publicaron las primeras disposiciones legales para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública. Los entes obligados instalaron módulos para facilitar el acceso a la información en las instituciones y organismos autónomos descentralizados.

Las imágenes que acompañan este texto, reflejan el desdén que priva en las instituciones públicas respecto del derecho ciudadano a saber de lo que hacen las autoridades.

Se trata del módulo de información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que permanece en el descuido, olvidado y materialmente, arrumbado. En el área de recepción, junto a la puerta de entrada a la sede hay un escritorio y sobre éste, una pantalla apagada, el CPU no funciona y a un lado, el monitor original, ya inservible, es hoy espacio para la basura.

El equipo fue desconectado porque nadie lo usaba, dijo una secretaria de la recepción de la Comisión; no tenía memoria de la fecha de cuando el equipo dejo de funcionar ni recordaba cuando fue la última vez que alguna persona llegó a utilizar el módulo.

Hubo un tiempo en que había una silla para que el solicitante de información pudiera sentarse tranquilamente a buscar información, pero la hace mucho que la retiraron al igual que la impresora. Lo que hay en ese equipo es polvo.

A lo largo de los años, las distintas administraciones de la Comisión dejaron de darle mantenimiento y acabaron por dejarlo en el olvido. Su condición es lamentable.

Desde 2003 en adelante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido objeto de múltiples reformas y el caso de los módulos de transparencia, no ha sido la excepción. En las distintas modificaciones que se han realizado y que se han concretado en decretos, se enfatiza la obligación de las instituciones públicas respecto de garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

El artículo 80 de esa legislación, precisa que los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia.

La ley destaca además que los módulos de información deben estar en un lugar visible para que puedan ser consultados por cualquier persona interesada en obtener información. El modulo de la CEDH es visible, pero de nada sirve eso, puesto que no funciona.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) tiene entre sus obligaciones, verificar que los entes públicos cumplan con lo que mandata la ley; el caso de la CEDH deja ver que no revisan periódicamente que los módulos de información funcionen eficientemente en beneficio de los ciudadanos que desean acceder a la información pública.