“Autoridad judicial no consideró dolo en su muerte”, deslindó.
Por: Eduardo Delgado
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Federico Garza Herrera, expuso “objeciones y observaciones” respecto de la recomendación 55/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida sobre la muerte de Karla Pontigo Luccioto, así como un deslinde institucional, al sostener que “la autoridad judicial lo consideró delito imprudencial y no doloso”.
En presentación -ante legisladores- de su informe de actividades correspondiente a sus primeros 100 días al frente de la Procuraduría (periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2015 y el pasado 17 de enero), el representante popular por el Partido de la Revolución Democrática, J. Guadalupe Torres Sánchez, le preguntó si Gobierno admitirá o no la recomendación.
“Hay que esperar que dice la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación). Hay un persona (Jorge Vasilakos) sujeta a proceso en libertad bajo fianza, porque la autoridad judicial consideró que era un delito imprudencial y no doloso”, justificó.
De inicio refirió que este viernes vence el plazo para que el Gobernador, Juan Manuel Carreras López, responda al organismo nacional si acepta o rechaza la recomendación, que consta de cinco puntos en torno al deceso de Karla Pontigo, acontecido el 29 de octubre de 2012, derivado del “accidente” que la joven de 22 años sufrió la madrugada del día anterior en el centro nocturno “Play Club”, donde trabajaba como edecán.
“Vamos a dar contestación puntual, pero no puedo decir ahorita cuál va a ser”, se excusó en respuesta al cuestionamiento del diputado de la fracción perredista.
En el documento, manifestó, “hay señalamientos de responsabilidad de servidores públicos, pero tampoco podemos sustraernos que dentro del procedimiento hay un detenido” y se “refieren cosas que se hicieron mal, a criterio de la Comisión Nacional”, precisó.
Asimismo, añadió, la CNDH funda las recomendaciones en “conceptos que están en el nuevo procedimiento penal y los hechos se cometieron durante la vigencia del proceso tradicional”.
“Eso no quiere decir que la recomendación se pueda aceptar o no”, aclaró. Recordó que el Gobernador declaró que no existe ningún inconveniente en admitirla, porque “nosotros no vamos a ser tapaderas de nadie; si hay responsabilidad que se vaya en contra de los responsables y que estos asuman las consecuencias”.
Tras mencionar que la recomendación 55/2015 está sujeta a la valoración y análisis en una mesa de trabajo, arguyó que la Comisión fundó su pronunciamiento “en normatividad nacional y no en la particular del Estado”.
“¿Por qué lo fundo en la normatividad nacional? no lo sabemos, pero existen normas particulares del Estado que también deben de observarse”, subrayó.
En entrevista con periodistas, posterior a su presentación, Garza Herrera remarcó que ese asunto “no puede moverse” porque lo atrajo la Corte de Justicia de la Nación y reiteró que de acreditarse anomalías de servidores públicos, “se abre el expediente interno, en donde interviene la visitaduría de la PGJE y la averiguación en cuanto a la posible comisión de ilícitos, derivados del cumplimiento incorrecto de su responsabilidad”.
