Fernanda Durán
Aunque el dictamen estaba listo para su votación y aprobación este jueves, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí decidió aplazar la discusión de la iniciativa que propone reformas para eliminar el internamiento involuntario en centros de salud mental y de rehabilitación por consumo de sustancias, a fin de abrir el proceso a una participación más amplia de organizaciones civiles y prestadores de servicios.
La propuesta, impulsada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, había sido dictaminada como procedente por las comisiones de Salud y de Educación, con modificaciones que incorporaban diversas observaciones técnicas formuladas por la Secretaría de Salud estatal.
El objetivo principal del proyecto legislativo es garantizar que toda hospitalización de personas con trastornos mentales o adicciones se realice con consentimiento informado, ya sea del propio paciente o, en su caso, de un representante legal, con la excepción de situaciones de riesgo inminente para la vida.
El proyecto de decreto contempla además sanciones penales para quienes internen a una persona sin su consentimiento o sin contar con los criterios clínicos y éticos correspondientes.
La Secretaría de Salud avaló el enfoque de la iniciativa y propuso ajustes para reforzar su redacción y alinear su contenido con la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana en la materia.
Sin embargo, durante la sesión de comisión, varios diputados señalaron que, si bien se tomaron en cuenta observaciones de familiares de pacientes en reuniones previas debido a manifestaciones contra el legislativo y la propuesta, hacía falta integrar también la voz de quienes administran los más de 150 centros de tratamiento que operan en la capital y el estado. Esto, ante los antecedentes de denuncias por malos tratos, omisiones y violaciones a derechos humanos en algunas de estas instituciones.
Al considerar que se trata de un tema delicado que involucra la salud mental, la protección de derechos y la regulación de espacios con antecedentes controvertidos, se acordó de forma unánime posponer la votación del dictamen.
La comisión buscará convocar a los representantes de dichos centros y abrir un espacio de escucha a fin de evitar confusión o resistencia a una reforma que, aunque técnica, tiene impactos políticos y sociales profundos.
