Por Victoriano Martínez
El 5 de noviembre de 2024, el rector Alejandro Zermeño Guerra entregó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona el proyecto de autonomía financiera para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La propuesta consistía en que el presupuesto de egresos estatal prevea entregar a la UASLP un porcentaje del total de los recursos del Estado, que aumentaría de manera progresiva durante los siguientes cinco años, hasta que alcanzar un monto similar al que recibe de la Federación.
Un esquema que ya contemplaba el Convenio Marco de Colaboración SEP-Gobierno del Estado-UASLP firmado el 13 de enero de 2016 y que se retomó con mayor claridad y rigor en la actualización de ese convenio que se firmó el pasado 14 de enero, en la cláusula segunda.
Es decir, al firmar ese documento, Gallado Cardona se comprometió a la autonomía financiera de la UASLP, aunque sin establecer plazo. La cláusula segunda del convenio renovado no deja lugar a dudas:
SEGUNDA .- “LA SEP” y “EL EJECUTIVO ESTATAL”, asignarán a “LA UNIVERSIDAD” los recursos, buscando un esquema de financiamiento en el cual la Federación aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento) y el Estado, el otro 50% (cincuenta por ciento).
No obstante, señala que asignarán los recursos “buscando un esquema de financiamiento” en el cual Estado y Federación aporten partes iguales, sin mencionar un plazo para llegar a ese esquema.
A diez años de que, también en la cláusula segunda, el Convenio Marco de Colaboración establecía ese mismo objetivo, para este 2026 la Federación aportará el equivalente al 83.03 por ciento contra un 16.97 por ciento de aportación estatal. Muy lejos de lograr el esquema paritario pretendido y que la UASLP propuso en noviembre de 2024.
El nuevo Convenio Marco presenta una novedad que tiene que ver con el incumplimiento en las ministraciones, que ya se ha comenzado a dar con una deuda acumulada por parte del gobierno estatal de 162 millones 553 mil 192.27 pesos al 31 de mayo.
“El incumplimiento en la ministración de los recursos asignados o de los demás compromisos de pago establecidos en este Convenio Marco dará lugar a las responsabilidades que correspondan en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de otras sanciones que, en su caso, lleguen a determinarse por cualquier autoridad”, dice el último párrafo de la misma cláusula segunda.
De acuerdo con esa cláusula, los funcionarios estatales firmantes (gobernador, secretarios de gobierno, de finanzas y de educación, y el contralor general del estado) ya podrían ser sujetos de sanciones. En el caso del gobernador, de juicio político. Han incumplido con la entrega completa de cinco ministraciones, lo que implica una reincidencia en la falta.
Si existe una medida de apremio de tal magnitud en la versión actualizada del Convenio Marco de Colaboración 2026 que ya lleva la firma de Gallardo Cardona, resulta lamentable que Zermeño Guerra evite pronunciarse sobre la entrega incompleta de las ministraciones.
“Lo que aprobó el Congreso nos lo van a dar mes con mes. Y el resto no sabemos; en teoría debe llegar en el último trimestre del año con una aportación extra del Gobierno del Estado”, dijo el rector con un exceso de tolerancia a una falta sobre la que se prevé una sanción en el documento que él también firmó.
¿Acaso cuatro años de maltrato financiero por parte de Gallardo Cardona hicieron renunciar a Zermeño Guerra a su búsqueda de la autonomía financiera, justo ahora que cuenta con un instrumento para comenzar a hacerla valer?
“Es un tema que a nosotros nos está dejando con mucha incertidumbre sobre si vamos a poder seguir operando con recursos suficientes durante el último trimestre del año”, expresó Zermeño Guerra cuando cuenta con la posibilidad de presionar para que no sea así.
Con esa postura, poco puede esperarse que al negociar el Anexo de Ejecución para 2027 Zermeño Guerra promueva su propuesta de que en cinco años se emparejen las aportaciones de Estado y Federación.
Si con el presupuesto de este año se hace un ejercicio sobre cuánto recibiría la UASLP si el Estado aportara lo mismo que la Federación, la Universidad contaría con un presupuesto anual 49.36 por ciento mayor, es decir, de 5 mil 969 millones 231 mil 381 pesos, y no los 3 mil 996 millones 490 mil 68 pesos que hoy tiene contemplados.
