Por Victoriano Martínez

Si algo muestra la solicitud de reestructuración de la deuda presentada por el gobernador Juan Manuel Carreras López al Congreso del Estado es la continuidad en la tradición reestructuradora aplicada cuando menos en los últimos cuatro sexenios, pero esta vez con la contingencia del coronavirus como mero pretexto para pasarle los pasivos al siguiente gobierno.

Bien puede considerarse que a Carreras López el Covid-19 le cayó como anillo al dedo para, además de la tradición reestructuradora, lo aproveche para combinarla con el modelo aplicado por Marcelo de los Santos Fraga, a quien le sirvió como pretexto otra pandemia para justificar un crédito por mil 500 millones de pesos.

El caso es que, tanto reestructuraciones como nuevas deudas, lejos de atender a la disposición legal que establece que deben promoverse para inversiones productivas, se han manejado en total opacidad y litigios para lograr transparentar su destino han mostrado que en realidad se aplican para encubrir desórdenes administrativos.

Carreras López ya le puso el toque de opacidad a su solicitud de reestructuración de la deuda estatal: ni desglosa los gastos excedentes que ha tenido que realizar para enfrentar la pandemia y ni especifica el destino que le dará al flujo de efectivo liberado, ya que resulta muy escueta la referencia que incluye en la propuesta.

Se limita a señalar generalidades sobre las acciones realizadas para enfrentar la contingencia, pero no indica los gastos que debieron aplicarse para ello.

Menciona un Acuerdo Administrativo mediante el cual se otorgan diversos Incentivos Fiscales y Administrativos, como apoyo para hacer frente a las afectaciones de la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), consistente en un paquete de estímulos fiscales, que repercuten en la recaudación, pero no establece su relación directa con la necesidad del refinanciamiento.

“Para contar con los recursos presupuestarios necesarios para enfrentar los gastos que en materia de salud ha provocado la emergencia sanitaria, el Gobierno del Estado considera indispensable la reestructura y/o refinanciamiento de diversos créditos constitutivos de deuda”, es la imprecisa descripción sobre el destino que se dará a los recursos que logre liberar con la reestructuración.

De entrada, la solicitud de reestructuración de la deuda ya cuenta con el ingrediente de la opacidad que en su momento tuvieron las dos reestructuraciones y el crédito que incluye en la iniciativa. Si se toman en cuenta los antecedentes de lo que busca reestructurar, se confirma que mantiene la misma línea de opacidad.

La primer deuda que pretende reestructurar corresponde al decreto 246 publicado el 20 de diciembre de 2007 contratado originalmente por 2 mil 678 millones 868 mil 110 pesos por Marcelo de los Santos. Ese decreto corresponde a la Ley del Presupuesto de Egresos de 2008 y no al de una autorización de deuda, porque ésta la incluyeron de cachirula en un artículo transitorio:

“CUARTO. Se faculta el Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate la reestructura de la deuda pública actual, la cual al mes de octubre de 2007, ascendía a la cantidad de $2,732 MDP (dos mil setecientos treinta y dos millones de pesos), a un plazo de veinte años, y con una tasa de interés más baja que la que actualmente se tiene contratada”, dice el transitorio que funcionó como autorización.

A siete años de que se venza el plazo por el que se contrató, Carreras López hoy busca reestructurarlo con un saldo de 2 mil 87 millones 720 mil 487.97 pesos (con una reducción de apenas 509 millones del monto original) para que el plazo se alargue a 18 años, que son 11 años más allá del momento previsto para que se terminara de pagar.

La segunda deuda que pretende reestructurar Carreras López corresponde al crédito que el Congreso del Estado le autorizó a Fernando Toranzo Fernández por 750 millones de pesos para entregárselos en distintos apoyos a la armadora de automóviles alemana BMW, con el decreto 786 publicado el 27 de septiembre del 2014.

El artículo tercero del decreto señala que “el plazo de amortización del crédito simple que se autoriza será de hasta siete años contados a partir del periodo de disposición”, es decir, para diciembre del próximo año tendría que estar terminado de pagar.

Carreras López le pide al Congreso del Estado que el saldo de 243 millones 88 mil 27 pesos se comience a pagar dentro de 15 meses –durante los cuales no se dejarían de pagar intereses– y se amplíe el periodo de esa deuda por 18 años.

Durante siete años los contribuyentes del Estado han tenido que aportar para que la BMW opere aquí y hoy se les pide que sus aportaciones se prolonguen por 18 años más.

El tercer adeudo que Carreras López pretende reestructurar corresponde a la reestructura que él mismo hizo al iniciar su sexenio. El 29 de octubre de 2015 presentó la solicitud, para el 5 de noviembre los diputados ya se lo habían aprobado y se publicó en el Periódico Oficial al día siguiente, el 6 de noviembre de 2015.

En aquella ocasión, Carreras López incluyó en la reestructuración la que a su vez había hecho Toranzo Fernández del crédito de marcha de Marcelo de los Santos por mil 500 millones de pesos, es decir, avaló el aval que su antecesor le dio al polémico crédito de fin de sexenio marcelista.

También reestructuró la reestructuración que Marcelo de los Santos metió de cachirul en la Ley del Presupuesto de Egresos de 2008. Con su reestructura de la deuda de inicio de sexenio (que no incluyó los 750 millones de pesos de deuda para BMW) Carreras López amplió los plazos de las anteriores reestructuraciones a 20 años más.

La historia del endeudamiento público estatal es el permanente cuento de la alternativa favorita de los gobernadores para sanear las finanzas que ellos mismos enfermaron, sin importarles cumplir con el requisito de aplicarlo a inversiones productivas. A fin de cuentas quien les siga en el cargo tendrá que encontrar la manera en que el contribuyente pague.

Con la reestructura propuesta, Carreras López ha mostrado que poco le importa cuidar que el endeudamiento llegue al tope. Con la posibilidad de que, en lugar de buscar alternativas distintas a un nuevo crédito, pretenda recurrir a nueva deuda mostrará que el de San Luis Potosí es un pueblo condenado a pagar lo que sus gobernantes mal administran.