Fernanda Durán
La diputada Gabriela López Torres cuestionó el contraste entre los discursos oficiales de la Fiscalía General del Estado y el diagnóstico presentado por la organización México Evalúa, el cual exhibe rezagos tecnológicos y vacíos de información en la institución potosina.
Luego de que el informe “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México” revelara que la Fiscalía de San Luis Potosí cuenta con apenas seis de 14 herramientas tecnológicas analizadas, la legisladora consideró que este tipo de evaluaciones evidencian una realidad distinta a la que se presenta durante las comparecencias ante el Congreso del Estado.
“Es muy importante que, por ejemplo, el ejercicio que nosotros tenemos de comparecencias aquí en el Congreso del Estado, pues realmente sean comparecencias, no sea nada más el lugar y el momento idóneo y la fecha idónea para aplaudir acciones que ni siquiera se están llevando a cabo”.
La diputada señaló que los resultados del informe reflejan problemas estructurales que, aseguró, ya se han señalado anteriormente, entre ellos la falta de presupuesto, capacitación y funcionamiento real de áreas especializadas de la Fiscalía.
“En las comparecencias es bastante raro que vengan y nos mencionen que todo se encuentra en orden, que todo está bien y que la Fiscalía opera de forma eficaz. Y después nos encontramos a mitad del camino con evaluaciones como estas que nos ayudan precisamente a ver la situación real de las fiscalías y resulta que no es ni la mitad de lo que en el dicho se dice”.
El estudio de México Evalúa reveló que la Fiscalía potosina no cuenta con herramientas para rastrear direcciones IP, desbloquear celulares o realizar análisis masivo de datos, además de que omitió responder qué sistemas utiliza para supervisar patrullas ministeriales y cámaras corporales de sus agentes.
Sobre ello, la legisladora también recordó las críticas existentes por el funcionamiento del laboratorio genético de la institución.
“Se ha hablado también de cómo no está operando este laboratorio genético. Y aquí vienen y nos dicen que sí opera y que es eficaz y que eso abona a la búsqueda de personas”.
López Torres consideró “lamentable” que las deficiencias institucionales terminen afectando directamente a las víctimas que buscan acceso a la justicia.
“Estas omisiones no las sufren otras personas más que las víctimas que requieren atención por parte de la fiscalía”.
Aunque cuestionó la manera en que se desarrollan las comparecencias, la diputada reconoció que no ve probable que la fiscal vuelva a ser llamada antes del siguiente ejercicio legislativo.
“La verdad es que no creo que eso suceda, eso nunca se ha visto, ni creo que exista la voluntad de hacer ese ejercicio nuevamente”.
También criticó la dinámica interna de las comparecencias en el Congreso, al señalar que en ocasiones existen preguntas previamente definidas para legisladores y que el ejercicio termina convertido en un espacio de reconocimiento institucional en lugar de cuestionamiento.
“Hace días yo pensaba en el primer ejercicio de comparecencia, donde incluso se me entregó una pregunta en específico a realizar. Yo no hago eso. Yo tendré mi propio criterio de qué es lo que se va a preguntar, por ejemplo. Entonces, desde ahí estamos frente a un ejercicio que no resulta siempre transparente y que no debemos tenerle miedo a lo que pueda suceder respecto de esto no funcionó”.
El diagnóstico de México Evalúa colocó a la Fiscalía de San Luis Potosí en el mismo nivel de capacidades tecnológicas que fiscalías como las de Colima, Guerrero, Sonora y Tabasco, mientras entidades como Baja California y Querétaro reportaron hasta 13 herramientas digitales para investigación criminal.
