Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cuenta únicamente con seis de las 14 herramientas tecnológicas analizadas en el más reciente diagnóstico nacional elaborado por México Evalúa, organización civil dedicada al monitoreo del sistema de justicia.
El estudio, titulado “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, evaluó a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República mediante cuestionarios enviados a través de solicitudes de acceso a la información, de los cuales respondieron 29 entidades.
El resultado ubica a la institución potosina en el mismo nivel que Colima, Guerrero, Sonora y Tabasco, y muy por debajo de estados como Baja California y Querétaro, que utilizan 13 herramientas, o Guanajuato, con 12.
Lo que llama la atención no es únicamente el bajo número de herramientas, sino también aquello que la Fiscalía decidió no responder. De acuerdo con el informe, la dependencia no proporcionó información sobre los sistemas que utiliza para dar seguimiento a sus patrullas ministeriales ni sobre el monitoreo de las cámaras corporales que portan sus agentes.
Estas omisiones no son menores: se trata de mecanismos básicos de control interno y trazabilidad de las actuaciones ministeriales, cuya ausencia —o cuyo silencio institucional— deja sin respuesta pública sobre si existe una supervisión efectiva del trabajo de campo de la institución.
El estudio de México Evalúa analizó 14 tipos de herramientas tecnológicas distribuidas en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal, investigación forense y facilitación de procesos penales.
En el caso de San Luis Potosí, la Fiscalía reconoció expresamente que no cuenta con sistemas de identificación facial, tecnología que, a nivel nacional, solo utilizan poco más de la cuarta parte de las fiscalías evaluadas: el 26.92 por ciento.
Tampoco dispone de herramientas para desbloquear y extraer información de teléfonos celulares, lo que, en términos prácticos, significa que, si un detenido porta un celular bloqueado, la institución carece de medios propios para acceder a ese contenido como evidencia.
Las carencias continúan en el terreno de la investigación digital. La Fiscalía potosina no tiene capacidad para rastrear direcciones IP, una herramienta que, a nivel nacional, solo poseen tres de las 29 fiscalías que respondieron el cuestionario, es decir, apenas el 10.3 por ciento.
Además, tampoco puede realizar análisis masivos de datos relacionados con investigaciones ni cuenta con sistemas para levantar denuncias directamente en el lugar de los hechos. Esta última limitación tiene consecuencias concretas en la cadena de custodia, pues obliga a trasladar la documentación del delito a instalaciones fijas, lo que puede afectar la oportunidad y precisión del registro inicial.
El diagnóstico de México Evalúa advierte que, en muchas fiscalías del país, la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de fondo en la forma de investigar. Sigue predominando la lógica del expediente en papel, que, en el mejor de los casos, únicamente se digitaliza sin integrarse a sistemas de gestión reales.
Esto significa que contar con computadoras o bases de datos no equivale automáticamente a investigar mejor: si las herramientas no están articuladas entre sí ni conectadas con las corporaciones policiales, su efecto práctico es limitado. San Luis Potosí encaja en ese patrón.
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. Aunque el 89.6 por ciento de las fiscalías reporta contar con identificación dactilar y el 86.2 por ciento con pruebas de ADN, esas cifras contrastan con las capacidades tecnológicas más complejas: solo seis fiscalías del país tienen herramientas digitales para presentar pruebas en audiencias y únicamente tres pueden rastrear direcciones IP.
El estudio fue elaborado con respuestas de 29 instituciones, ya que tres fiscalías —entre ellas, posiblemente algunas con mayores rezagos— no respondieron el cuestionario en absoluto. La comparación coloca a la Fiscalía de San Luis Potosí en una posición media-baja dentro del panorama nacional.
El informe señala que las diferencias entre estados generan desigualdades concretas en el acceso a la justicia. Una víctima cuyo caso involucre delitos cometidos a través de dispositivos digitales —como extorsión telefónica, fraude en línea o acoso cibernético— enfrenta escenarios distintos dependiendo de la entidad donde presente su denuncia.
Si la fiscalía local no cuenta con herramientas para rastrear direcciones IP ni extraer información de celulares, la investigación dependerá de solicitudes a otras autoridades o, simplemente, quedará incompleta.
México Evalúa plantea en sus recomendaciones que el problema no se resuelve únicamente con la compra de equipos. La organización propone transitar de la simple adquisición de tecnología hacia una gestión integral de capacidades, con personal capacitado de forma continua, interoperabilidad real entre policías y fiscalías, y objetivos claros de evaluación.
El llamado está dirigido tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías estatales, a quienes pide abrir espacios de diálogo para construir soluciones conjuntas.
Para San Luis Potosí, el retrato que traza México Evalúa no es el de una institución en colapso, pero sí el de una fiscalía que investiga con recursos limitados, con huecos notorios en sus capacidades tecnológicas y con un nivel de opacidad que no contribuye a generar confianza.
