Por Victoriano Martínez
En 33 días se cumple un año de que Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo, y Aarón Obregón Hernández presentaron al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Austeridad del Estado de San Luis Potosí, que se turnó con el número 1348 a las Comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Estado.
A los seis meses, ninguna de las comisiones solicitó la prórroga necesaria para ampliar el plazo por tres meses más para dictaminar y fue hasta el 10 de diciembre del año pasado que se le declaró la primera prórroga.
Primera y segunda prórroga no las perdona el tiempo, y el próximo 11 de marzo se les termina el plazo a las dos comisiones para dictaminar esa iniciativa que, a diferencia de las que presentan los diputados y otras autoridades, no caduca.
De no dictaminarse para ese día, la Directiva tendría que crear una comisión ex profeso para dictaminarla en menos de tres meses de acuerdo con el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Independientemente de que se cumplan con los plazos o se integre una comisión especial, lo que destaca realmente es el tema de la iniciativa: una Ley de Austeridad. Reglas para evitar los excesos, esos que en campañas se promete eliminar, pero que ya en el cargo se vuelven una prioridad… para mantenerlos.
Hace un año, los diputados se vieron obligados a reducir su sueldo a 104 mil 500 pesos mensuales para ajustarse a la obligación federal de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, e intentaron recuperar lo perdido por la vía de aumentos en los apoyos para asesores, mediante un esquema simulado que, en los hechos, es difícil saber si opera o no.
Juan David, Luis Alberto y Aarón acudieron al Congreso del Estado este jueves a protestar porque no avanza la iniciativa, acompañados de Sergio Serrano Soriano, dirigente estatal de MORENA. Señalaron que les han hecho llegar un dictamen en el que desecharán su iniciativa.
Por su parte, el diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Vigilancia, asegura no estar contra la austeridad y que revisan que la iniciativa cumpla requisitos básicos al mismo tiempo que pone en duda el carácter ciudadano de la propuesta.
“Hay que ver si viene de un partido político o de una iniciativa ciudadana, porque lo que se vio el día de hoy (jueves) es el acompañamiento de un partido político en una iniciativa supuestamente ciudadana”, expuso.
En el texto de la iniciativa, los promoventes lo hacen en su carácter de ciudadanos y, si los apoya un partido o no, resulta irrelevante porque ni la Constitución estatal, ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado establecen alguna excepción que eliminara una propuesta por alguna cercanía o militancia partidista.
Si se busca descalificar la iniciativa por cuestiones de forma o por la filiación de sus proponentes, sin argumentos que establezcan razones fundamentadas y motivadas por las que no son procedentes los 21 artículos que la componen, los legisladores sólo confirmarán que en temas de austeridad lo único que vale es mantener sus privilegios.
¡Cómo es que ciudadanos, militantes o no de un partido, se atreven a proponer una ley que les reduciría su sueldo en poco más de un 30 por ciento! ¡Cómo se atreven a pedirles que voten una ley que no les permitiría usar 10 millones de pesos en promocionarse y los limitaría a 646 mil 296.71 pesos para Comunicación Social con su presupuesto actual!
¡A quién se le ocurre que los propios diputados sean capaces de votar una ley que les quite sus jugosos “aguinaldos, bonos especiales, primas vacacionales o cualquier otro tipo de asignación monetaria con recursos públicos que incrementen sus ingresos”! ¡Y de paso, convertirlos en quienes le reduzcan todos esos ingresos a toda la alta burocracia!
No, no, no. Sólo en campaña es bueno hablar de la austeridad. Jala votos. Pero llegando al cargo, hasta los morenistas en el Congreso del Estado se han vuelto como el azadón: puro p’acá y p’acá.
Consulte la iniciativa AQUI
