Fernanda Durán
Luego de que el partido político Somos MX promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso del Estado, los diputados Héctor Serrano Cortés y Rubén Guajardo Barrera defendieron el trabajo legislativo y coincidieron en que será el máximo tribunal del país el que determine si las modificaciones se ajustan o no a la Constitución.
La acción, presentada por la dirigencia nacional del partido, solicita la invalidez del Decreto 0571, al sostener que el Congreso reformó diversas disposiciones en materia electoral sin realizar previamente consultas a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad, pese a una sentencia previa de la Suprema Corte.
Al respecto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano, afirmó:
“Qué bueno que existe la Suprema Corte. Cada quien está en su derecho de presentar las propuestas, las impugnaciones, los actos de inconstitucionalidad y quejas que crean correspondientes. Lo que yo diría es que efectivamente hay que esperar la resolución que tienen las instancias que legalmente están conformadas”.
Serrano sostuvo que el Congreso actuó conforme a la visión que tiene como legislador respecto de las necesidades del estado y señaló que corresponde a la SCJN definir si existe o no alguna inconstitucionalidad.
“Existe evidentemente una instancia superior que determina si existe razón jurídica o no la existe, si existe inconstitucionalidad en la propia propuesta”.
El legislador también aprovechó para pronunciarse contra cualquier acto de violencia registrado en el contexto de la discusión de la reforma electoral.
“Bienvenida la democracia, la libertad de expresión y la legalidad. Lo que me parece que no es correcto nunca es la violencia; hay quienes fomentan la violencia, hay quienes instigan a las agresiones a las instituciones y yo estoy a favor totalmente de la pacificación, de la civilidad social”.
Por su parte, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera recordó que los partidos políticos cuentan con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y aseguró:
“No hubo grandes modificaciones de fondo. ¿Por qué? Porque primero se tiene que hacer consulta indígena y, en segundo, cuidamos que el proceso de 2027 esté firme”.
El legislador panista explicó que, en caso de que la Suprema Corte admita la acción y eventualmente otorgue la razón a los promoventes, el análisis recaería únicamente sobre las disposiciones específicamente impugnadas y no necesariamente sobre la totalidad de la reforma.
Cuestionado sobre si alguno de los cambios aprobados podría ser susceptible de ser invalidado, Guajardo consideró que el principal punto de debate podría centrarse en las disposiciones relacionadas con las evaluaciones voluntarias de control de confianza para aspirantes a cargos de elección popular.
No obstante, defendió ese apartado al señalar que las evaluaciones no constituyen un requisito obligatorio para obtener una candidatura:
“Entonces habría que ver qué dice la Suprema Corte. Una vez haciéndolo obligatorio, pues sí estaríamos vulnerando los derechos humanos de votar y ser votado; pero yo digo que en este momento no lo veo, habría que ver el debate de la Suprema Corte”, concluyó.
Entre las modificaciones impugnadas se encuentran la reducción de dos a una sindicatura en los ayuntamientos, los cambios en la integración de planillas municipales, la incorporación de evaluaciones voluntarias de control de confianza para aspirantes a cargos de elección popular, el registro electrónico de candidaturas y diversas disposiciones del proceso electoral.
