Fernanda Durán
Ante las denuncias públicas de comunidades tének, náhuatl y xi’ui sobre presuntas irregularidades, recortes presupuestales injustificados y uso proselitista en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las y los legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado acordaron preparar un exhorto institucional que promueva la transparencia, el respeto a los lineamientos establecidos, y la capacitación para el ejercicio adecuado de los recursos.
Durante una sesión de trabajo, la diputada presidenta de la comisión, Brisseire Sánchez López, propuso que el exhorto tenga un enfoque dual: reconocer el avance histórico que representa la entrega directa de recursos a las comunidades, pero también visibilizar la necesidad de brindar acompañamiento institucional para prevenir conflictos y malas interpretaciones.
“Algunos han manifestado de servidores de la nación, nosotros no estamos para señalar a nadie, pero sí podemos dar un posicionamiento claro de que estamos a favor de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y que la aplicación de los recursos del FAIS, que es una lucha histórica que se les va a dar por primera vez y que nosotros pudiéramos ser observadores constantes”, expresó.
La legisladora del PVEM subrayó que algunas autoridades comunitarias han manifestado preocupación por recortes en los montos originalmente asignados, lo cual genera descontento en municipios como Tampacán.
“Al principio se consideraban menos comunidades en el padrón indígena y con la actualización, que permitió el ingreso de más pueblos, el recurso tuvo que redistribuirse. No es que alguien se esté quedando con el dinero, pero hay desinformación que debemos atender”, sostuvo.
En este mismo sentido, el diputado José Roberto García Castillo, de Morena y representante del distrito 12, respaldó la propuesta del exhorto y que debe celebrarse el logro histórico de que las comunidades reciban directamente por primera vez una parte del presupuesto.
“Este logro es histórico. Hoy es una realidad. No nada más es el 10 por ciento del presupuesto. Vamos por más”, señaló.
Agregó que en los municipios que integran su distrito, como Santa Catarina, Rayón, Tamasopo y Ciudad del Maíz, donde se realizaron un par de asambleas a las que asisitió, no se han registrado conflictos graves relacionados con el FAIS.
“Las asambleas se realizan de manera libre, de manera donde la ciudadanía elige y creo que ha sido una muestra. Esta lucha no es ni de una presidencia no es ni de una sola persona, es una lucha de personas que inclusive ya no viven en este momento, (…) la gente sabe, en sus comunidades nos conocemos, ahora sí en el rancho sabemos cada quién cómo nos conducimos. Entonces, creo que están llevando de la mejor manera; si hay alguna cuestión o alguna intromisión de alguien, sea quien sea, que presente las denuncias correspondientes ante la autoridad competente”.
Por su parte, el diputado Marcelino Rivera Hernández, también vocal de la comisión, coincidió en la necesidad de emitir un exhorto, pero “apegado a los lineamientos” para evitar confusiones y conflictos internos en las comunidades.
“Conocemos nuestras comunidades y sabemos que más allá del tema a veces se politiza desde abajo, es una realidad. Quienes hemos estado en la administración pública municipal sabemos que siempre hay grupos, hay intereses, y la verdad que si va a ser bien complejo que se pongan de acuerdo, unánime, incluso para definir el tipo de obras pública, esa es la preocupación; las comunidades se van a repartir el recurso en función de como ellos piensan”, explicó.
Rivera compartió que en su propio ejido hubo confusión al inicio del proceso, pues originalmente no estaban considerados dentro del padrón; generó dudas legítimas, por lo que destacó la necesidad de promover consensos basados en la proporcionalidad poblacional dentro de cada ejido y a brindar información clara y sin sesgos.
“Muchos apenas están conociendo cómo funciona esto. Nunca antes habían administrado un recurso federal. Por eso creo que sí sería importante un pronunciamiento de parte de nosotros, un esfuerzo muy institucional, pero más o menos apegado a los lineamientos. ¿Para qué? Para que podamos salir y todos trabajar de cierta manera bajarle la información muy precisa y muy puntual ”, puntualizó.
Durante la reunión también se abordaron testimonios de comunidades donde, según reportes, personal de la Secretaría del Bienestar habría intentado influir en las asambleas o imponer protocolos ajenos a los usos y costumbres.
La diputada Brisseire Sánchez alertó que incluso se ha llegado a malinterpretar la exigencia de paridad de género en la integración de los comités, pues “algunos creen que ya no se permite a los hombres administrar el recurso”, lo cual ha generado tensión innecesaria.
En entrevista por separado, la diputada Nancy Jeannine García Martínez, representante del distrito 13 e integrante de Morena, señaló que si bien ha tenido conocimiento de algunas inconformidades, “en la mayoría de los casos no se han presentado quejas formales en mi distrito”.
Recordó que el manejo del FAIS está normado por lineamientos federales que contemplan la participación operativa tanto de Bienestar como del INPI.
“Los servidores de la nación y el INPI deben estar presentes para explicar las reglas de operación. La variación en los montos asignados se debe al tamaño poblacional de las comunidades, y eso se les ha informado”.
Sobre las dudas por recortes presupuestales, Brisseire Sánchez aclaró que estos responden al aumento en el número de comunidades reconocidas.
“Antes se tenía un censo reducido, hoy han ingresado más comunidades, y eso provoca una redistribución. No significa que alguien se esté quedando con el recurso”.
En tanto, el diputado García Castillo indicó que el aumento fue mínimo, pues de 540 comunidades, se agregaron ocho.
“Quiere decir que ocho comunidades más van a recibir un recurso. No fue una disminución que, digamos, muy considerable fue algo muy, muy leve, muy poco, pero sí, al final de cuentas… hay que ser transparentes”.
La Comisión coincidió en que el exhorto que prepararán debe contemplar dos vertientes: garantizar que el FAIS se aplique con apego a los usos y costumbres y, al mismo tiempo, promover la capacitación adecuada para las comunidades que ahora asumirán la responsabilidad de administrar recursos federales.
“Que no vayan a ser castigados por omisión o desconocimiento”, advirtió Brisseire, al señalar que es necesario brindar apoyo técnico para evitar errores que puedan derivar en sanciones legales.
En próximas sesiones se presentará el documento formal con el punto de acuerdo. La Comisión reiteró su disposición para servir como puente entre las instituciones y las comunidades indígenas, para acompañar la implementación del FAIS desde una perspectiva de respeto, legalidad y fortalecimiento de los derechos colectivos.
