Por Victoriano Martínez
¿Qué tipo de reordenamiento y regularización de los distintos giros comerciales comenzó “hace más de cuatro meses” el Ayuntamiento de San Luis Potosí por el que se dan clausuras que generan sospecha en redes sociales y se evitan otras que por la magnitud de los establecimientos se pueden considerar con mayor pertinencia?
La actuación diferenciada entre unos establecimientos y otros no sólo la marca el propietario de los inmuebles y el negocio, sino también que en condiciones similares a un mismo contribuyente se le aplica la sanción de un año para el otro.
En la relación de recibos de entero emitidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí aparecen 33 a favor de Organización Dot, S.A. de C.V. (Domino’s Pizza) emitidos el 24 de mayo de 2024, por tres conceptos distintos, a razón de 11 por cada uno.
Los 11 recibos por Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios suman la cantidad de 40 mil 687pesos; 11 recibos más por Servicios de Planeación suman 3 mil 945 pesos, y otros 11 por Otros Aprovechamientos, 10 mil 88 pesos. La distribución equitativa de recibo indica que es posible que se trate de 11 sucursales de Domino’s Pizza.
Para este 2025, el Ayuntamiento también ya emitió 11 recibos por cada uno de esos conceptos para la Organización Dot, S.A. de C.V. (Domino’s Pizza): por Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios suman 33 mil 962 pesos; por Servicios de Planeación, 4 mil 112 pesos, y por Otros Aprovechamientos, 12 mil 605 pesos.
Al tratarse de la misma cantidad de recibos y los mismos conceptos, es de suponer que Domino’s Pizza opera este año en las mismas condiciones que el año pasado y la clausura de una de sus sucursales al poniente de la ciudad por la presunta falta de documentación para operar no resultaría lógica… a menos de que sea nueva.
El punto es que la sospecha que despertó en redes sociales el caso tiene, al menos según los reportes de ingresos del Ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia, elementos de un trato diferenciado a un mismo contribuyente de un año a otro. ¿Qué cambió? Es una explicación que adeuda la autoridad.
Pero el trato diferenciado no para ahí. La organización Ciudadanos Observando reporta otro: establecimientos de la magnitud de la Arena Potosí, los Teatros del Pueblo de los parques Tangamanga1 y 2, el Palenque de la Feria Nacional Potosina operan sin licencias de construcción, de uso de suelo, de funcionamiento, de protección civil y de venta de bebidas alcohólicas.
En la relación de ingresos de 2024 y lo que va de 2025 sólo aparece un recibo emitido a nombre de El Domo Centro de Espectáculos, del 28 de mayo del año pasado, con el número de recibo QE000014727 por 2 mil 292 pesos y el concepto “otros aprovechamientos”.
No obstante, en la respuesta a la solicitud de información 240474425000339 se afirma que tras búsquedas exhaustivas no se encontró ningún documento relacionado con “los diferentes permisos municipales otorgados en 2024 y 2025 para los centros de espectáculos El Domo y la Arena Potosí, el Palenque de la Feria Nacional Potosina y de los teatros de la ciudad de los Parques Tangamanga I y II”.
A pesar de que sobre esos establecimientos, el Ayuntamiento declara oficialmente en la respuesta a la solicitud de información que no cuentan con “licencia de construcción, licencia de uso de suelo, licencia de funcionamiento, licencia de ventas de bebidas alcohólicas y de los respectivos dictámenes técnicos de Protección Civil, Bomberos y Ecología”, no aplica sanciones.
Un trato diferenciado en el que contrasta el nivel de riesgo entre un establecimiento de pizzas y un centro de espectáculos de la magnitud, por ejemplo, de la Arena Potosí, en donde no sólo tiene el antecedente de dos muertos en diferentes hechos, sino de incidentes como el rompimiento espontáneo de puertas de cristal.
Un trato tan diferenciado en el que se sanciona a un negocio de pizzas a pesar de contar con antecedentes de aparentemente cumplir con sus contribuciones, contra negocios con mayor riesgo sin un solo antecedente de haber tramitado las autorizaciones correspondientes para operar.
Una diferencia en la que favorecer la operación ilegal de tales centros de espectáculos muestra una evidente evasión de confrontación con el gobierno estatal y, por tanto, con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, contrincante electorero del alcalde Enrique Galindo Ceballos.
Otra cara de la politiquería en la que los cálculos sobre sus intereses personales y “políticos” se anteponen a prestar el servicio a que la normatividad los obliga en favor de la población, a la que no importa poner en potenciales riesgos… y potenciales réplicas del caso RICH.
