María Ruiz
Durante noviembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró 32 quejas formales contra diversas instituciones públicas en San Luis Potosí, según su registro en la Plataforma Estatal de Transparencia. El sector educativo concentró el mayor número de señalamientos, encabezado por el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) con 7 quejas y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) con 6. Les siguieron la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal, ambas con 5 quejas, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con 3 quejas cada una.
Con 32 señalamientos acumulados, las instituciones educativas fueron las más señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos, superando a corporaciones de seguridad y dependencias de procuración de justicia, de acuerdo con el informe más reciente de la CEDH.
El SEER concentró el mayor número de quejas, seguido por la SEGE, principalmente por impedir el acceso a la educación, maltrato escolar, aplicación indebida de sanciones, omisiones ante casos de acoso y falta de educación inclusiva. También se documentaron omisiones que vulneraron los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad, particularmente en entornos educativos y de atención institucional. Entre los señalamientos más recurrentes se encuentran la aplicación indebida de medidas disciplinarias, el maltrato a estudiantes, la negativa o impedimento para acceder a servicios educativos, la falta de acciones para prevenir y atender el acoso escolar y la violencia estudiantil, así como la omisión de garantizar una educación de calidad.
A estas se sumaron 3 quejas contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, relacionadas con afectaciones a la integridad física y psicológica del alumnado y la falta de atención institucional adecuada.
En el ámbito de seguridad y justicia, la Fiscalía General del Estado acumuló 5 quejas, principalmente por dilación injustificada e integración irregular de carpetas de investigación, omisión de diligencias necesarias, falta de información a las víctimas sobre el avance de sus casos, negativa de proporcionar datos para una defensa adecuada y violaciones al derecho a la presunción de inocencia.
La Guardia Civil Estatal registró también 5 quejas, por presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, retrasos en investigaciones penales y omisión en la protección a víctimas, lo que refleja una persistente desconfianza ciudadana hacia estas corporaciones.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí fue señalada en 3 ocasiones por hechos relacionados con abuso de autoridad, trato indigno y presuntas detenciones arbitrarias. En tanto, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social acumuló 3 quejas, vinculadas con condiciones de internamiento, falta de atención médica y vulneraciones de los derechos de personas privadas de la libertad.
Más allá de las quejas formales, el reporte correspondiente a noviembre señala que la CEDH realizó 189 acciones en total, que incluyeron 125 orientaciones jurídicas, 22 canalizaciones y 13 medidas precautorias, lo que evidencia una alta demanda de atención ciudadana en materia de derechos humanos.
Las orientaciones jurídicas se concentraron en temas administrativos, penales, laborales y familiares, con atención mayoritaria a mujeres, aunque también se brindó apoyo a población indígena, personas privadas de la libertad, migrantes y víctimas de violencia.
Como parte de la respuesta preventiva, la Comisión emitió 13 medidas precautorias, principalmente dirigidas a instituciones educativas, para garantizar el acceso presencial a la educación, evitar actos de discriminación, proteger la integridad física y psicológica del alumnado y asegurar condiciones dignas en escuelas y universidades.
Finalmente, la CEDH informó que solicitó formalmente a todas las dependencias señaladas la adopción inmediata de medidas correctivas, la colaboración plena en las investigaciones, la capacitación del personal en derechos humanos y la implementación de acciones preventivas para evitar la repetición de conductas que vulneren los derechos fundamentales de la población.
