Estela Ambriz Delgado
En relación a la efervescencia del tema indígena que ha surgido en la discusión pública a partir de la toma de protesta de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como otras acciones anteriores como la reforma al artículo 2o constitucional, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, consideró que eso solo se queda en el discurso, pues hay muchos contrastes que evidencian que aún se pasa por encima de sus derechos.
El activista señaló en entrevista que, a pesar de que mediáticamente se habla mucho de la importancia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a partir de la reforma constitucional del artículo 2, con la que se establece son sujetos de derecho público, con derechos y obligaciones; la posterior disposición de recursos directos para obras de infraestructura y la ceremonia para envestir a los integrantes del SCJN, esto sólo se queda en el discurso.
Respecto a la reforma constitucional, subrayó que fue recortada, pues inicialmente se consensó que sería una reforma amplia y profunda de 17 artículos, por lo que “quedaron a deber” los otros 16, entre ellos los relacionados a la protección de los territorios indígenas, que son la geografía básica de existencia de los pueblos y comunidades.
En relación a la transferencia de recursos a comunidades indígenas, puntualizó que sólo el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportacione de Infraestructura Social (FAIS) serán otorgados para su administración directa, mientras que los municipios serán los que se lleven el 79 por ciento de los recursos.
Además de que a la fecha en San Luis Potosí no ha llegado más que el plástico, pues no se ha ministrado nada, cuando se anunció que en abril seria ministrado el 30 por ciento y en julio el 40; no obstante, las cuentas siguen en ceros.
Por lo que toca a la reforma al Poder Judicial y la toma de protesta de Hugo Aguilar, reconoció que es relevante, aunque pesa sobre su figura el que no defendió debidamente el derecho a la consulta previa, libre, informada y adecuada a las características de las identidades indígenas, desacierto que ha provocado y afectaciones a los territorios indígenas en el Istmo de Tehuantepec y en los territorios mayas.
“Nos quedan a deber y aún más, pues la reforma judicial no ha alcanzado el que se reconozca el pluralismo jurídico existente en México y manifiesto en los sistemas normativos indígenas. Pues no hay un sistema de justicia indígena que acerque la justicia más elemental a los territorios indígenas. Los bastones de mando o varas de justicia no son para ser usados por la estructura pública del Estado para legitimarse, son solo propios en los contextos de los pueblos y comunidades que otorgan el cargo para mandar obedeciendo”.
Por otra parte, Cisneros Sánchez hizo mención de la amenaza del fracking en la zona Huasteca, que a pesar de que la presidenta Claudia Sheinabum Pardo, habla de mantener el medio ambiente, con el nuevo plan estratégico de Pemex se da paso a la devastadora técnica de extracción hidráulica, sin mediar consulta alguna y apostando el futuro de las próximas generaciones indígenas.
