María Ruiz
El 5 de octubre de 2017 no es solo una fecha en el calendario, es el recordatorio de un crimen que se niega a ser olvidado: el asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro.
En esta fecha, Daniel fue sacado violentamente de su domicilio por hombres que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial del Estado. Al día siguiente, su cuerpo apareció con huellas de tortura y las manos atadas. La escena no solo fue brutal, fue un mensaje directo contra el gremio periodístico.
Lo más alarmante es que Daniel ya había denunciado amenazas previas por parte de esa misma corporación. A pesar de ello, la Procuraduría de Justicia del Estado negó cualquier vínculo de sus elementos con el crimen; lo clasificó como una “privación ilegal de la libertad” y emitió un comunicado para deslindar a la Policía Ministerial.
El asesinato de Esqueda Castro, el reportero número 37 victimado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, evidenció que la violencia contra periodistas no solo proviene del crimen organizado, sino también de estructuras estatales.
Cifras que contradicen la realidad: San Luis Potosí en el espejo nacional
El caso de Daniel contrasta con los datos oficiales del Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), actualizado al 30 de septiembre de 2025.
Según el documento, San Luis Potosí aparece como una entidad con baja incidencia en delitos contra periodistas, lo que resulta engañoso frente a hechos como el asesinato de Esqueda.
Desde 2010, San Luis Potosí ha registrado apenas ocho indagatorias ante la FEADLE, sumando averiguaciones previas y carpetas de investigación. Esta cifra lo coloca en el puesto 28 de 32 entidades federativas, entre los cinco estados con menor actividad investigativa en el país.
Para dimensionar esta posición, basta observar que Veracruz encabeza la lista con 320 indagatorias, seguido por Ciudad de México, con 218; Yucatán, con 154; Quintana Roo, con 88; y Oaxaca, con 70. Incluso estados con menor población que San Luis Potosí muestran una atención institucional mucho más activa.
No obstante, lo más revelador es que el informe no registra ningún homicidio de periodistas en San Luis Potosí desde el año 2000. Es decir, el asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro no figura en las estadísticas federales como un crimen vinculado al ejercicio periodístico. Esta omisión sugiere que las autoridades locales evitaron que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, o que la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión fue desestimada.
En términos institucionales, el crimen no existe.
A nivel nacional, la FEADLE ha abierto 1 mil 841 indagatorias desde su creación en 2010. Sin embargo, solo ha logrado obtener cincuenta sentencias condenatorias; San Luis Potosí no aparece en ninguna de ellas, lo que corrobora su ausencia en el registro judicial. Esto representa una tasa de éxito judicial de apenas el 2.7 por ciento, lo que refuerza la percepción de que los agresores de periodistas operan con garantías de impunidad.
En cuanto a órdenes de aprehensión, se han emitido 187 en todo el país, y se han judicializado 287 carpetas de investigación. San Luis Potosí no aparece en ninguno de estos rubros. No hay medidas cautelares, vinculaciones a proceso ni sentencias registradas en el estado, lo que confirma su invisibilidad institucional en el combate a la violencia contra la prensa.
Mientras tanto, estados como Chihuahua, Sinaloa y Ciudad de México concentran las sentencias más severas por delitos como homicidio, tortura y abuso de autoridad. En Chihuahua, por ejemplo, se dictaron penas de hasta 51 de prisión por el asesinato de periodistas.
En Ciudad de México, se han emitido múltiples sentencias por asociación delictuosa agravada y tentativa de homicidio. La diferencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa, pues en estos estados el sistema judicial ha reconocido la gravedad de los delitos contra la libertad de expresión y ha actuado en consecuencia.
La ausencia de San Luis Potosí en las estadísticas federales no significa que no haya violencia contra periodistas. Significa que esa violencia no se reconoce oficialmente como tal.
El asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, a pesar de su gravedad, no fue clasificado como un crimen contra la libertad de expresión. Y esa omisión es en sí misma una forma de violencia institucional.
En un país donde ser periodista implica enfrentar amenazas, agresiones y asesinatos, el silencio estadístico es una estrategia más para perpetuar la impunidad; San Luis Potosí no está exento de esa lógica. Al contrario, el caso de Daniel lo convierte en un símbolo de cómo el Estado puede desaparecer no solo cuerpos, sino también verdades.
