Por Victoriano Martínez

Si de llamadas a misa se trata, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se sumó a los exhortos que se suelen hacer a través de puntos de acuerdo desde el Congreso del Estado para que algunas autoridades asuman alguna postura, realicen alguna acción… o simplemente se ajusten a la ley.

El pasado jueves, los diputados dieron entrada a una iniciativa de reforma para que sus puntos de acuerdo dejaran de ser “llamadas a misa”. Sí, lo que se comentaba en los pasillos del Congreso del Estado quedó plasmado como justificación de la iniciativa que pretende volver vinculatorios sus exhortos.

En la misma sesión, discutieron once de los doce puntos de acuerdo que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y que aparecían la propuesta de orden del día. Se saltaron sin que aparentemente mediara explicación el noveno punto de acuerdo, planteado por los diputados Marite Hernández Correa y Pedro César Carrizales, apoyados por la diputada federal Lidia Nallely Vargas Hernández.

En él se exhortaba a los servidores públicos evitar el uso partidista de apoyos con motivo del Covid-19, al CEEPAC a “iniciar procedimientos previstos en la ley electoral, cuando se percate de posible comisión de actos anticipados de campaña” y a los partidos políticos a “conducirse con ética y no buscar beneficio electoral, aprovechando situación precaria de la población” (!)

De acuerdo con el video de la sesión del jueves y los reportes de Comunicación Social del Congreso del Estado vía Twitter, el desarrollo de la reunión pasó del octavo punto de acuerdo al décimo. De cualquier modo, en esa misma sesión se aprobaron cinco llamados a misa, otros cinco se turnaron a comisiones y uno más fue no aprobado.

El llamado a misa (punto de acuerdo) ignorado en el campanario del Poder Legislativo hacía referencia a una realidad ya existente desde antes de la contingencia por la pandemia, pero que a raíz de ésta se ha vuelto más evidente: no es competencia electoral, pero como si lo fuera, los actores políticos se deshacen por lograr quedar bien con la población.

Que si un funcionario aprovecha la coyuntura para aparecer en spots con un mensaje, los demás lo siguen. ¡Ah, aquél publicita fotografías de cuando entrega de despensas, pues yo también lo hago! ¿Y qué tal si yo reparto huevos? Un recuento de ese tipo de actos cometidos por alcaldes, diputados locales y federales y senadores aparece en distintos medios.

Toda una exhibición de oportunista miseria humana, como la calificó Juan Carlos Ruiz Guadalajara en el periódico La Jornada; o meras actitudes vulgares, pobres, mezquinas y malvadas, como las calificó el arzobispo Carlos Cabrero Romero hace una semana.

Ahora es el CEEPAC el que, con un tono de punto de acuerdo (llamado a misa), exhorta “a las autoridades electas y servidores públicos de la entidad, a abstenerse de realizar acciones que pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral con la justificación de realizar acciones de apoyo a la sociedad ante la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia de Covid-19”.

El CEEPAC les pide no violar los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, así como el 460 de la Ley Electoral, cuando lo que más ha quedado expuesto es que ni uno ni otro se respetan y, ante tal circunstancia, el organismo electoral ya tendría que monitorear para prevenir, evitar y sancionar actitudes fuera de la legalidad.

Al CEEPAC le faltó completar su llamado con el artículo 347 de la propia Ley Electoral, que es el que autoriza una excepción para ignorar el artículo 134 constitucional con motivo de los informes, porque los servidores públicos ya convirtieron el Covid-19 en una excepción adicional.

Hasta el fiscal Federico Garza Herrera se ha vuelto el protagonista de una cápsula para presentar las medidas sanitarias en la Fiscalía General del Estado. Los virus del protagonismo y la promoción personalizada se expanden sin límites… y la prohibición constitucional vale menos que un comino.