Estela Ambriz Delgado
La organización Alianza Mexicana Contra el Fracking considera que para tener credibilidad, el comité “técnico-científico” que presentará el Gobierno Federal para analizar el uso de fracking debe ser un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, así como considerar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias, no sólo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
En relación al comité que evaluará el uso de la técnica de fracturación hidráulica para extracción de gas no convencional, que presentará el próximo miércoles la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la alianza señala que la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer.
Afirmaron que el problema no es solamente quiénes integrarán ese comité, pues el fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país, o si sólo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
En este sentido, califican de inaceptable el encuadre que el gobierno ha intentado presentar de esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías.
“El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado Mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones”.
Consideran que presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral. Además de que no puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo.
La AMCF afirma que esa premisa debe ser cuestionada, pues convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial, no es soberanía energética; es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa.
No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La AMCF reitera su postura: la fracturación hidráulica debe prohibirse, no regularse o gestionarse, pues no hay una forma “sustentable” ni “responsable” de realizarla, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios. Además, reafirma que lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Sin embargo, puntualizan requerimientos elementales en caso de que el gobierno continúe con el anuncio del comité el próximo miércoles, que distingan una deliberación real de una simulación.
En primer lugar, se señala que su mandato no puede estar sesgado de origen, es decir, que surja para buscar cómo explotar gas no convencional “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, pues sería una simulación desde el diseño. Debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado Mexicano debe prohibir la técnica y, de no ser posible esa conclusión desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
También tiene que transparentar su integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité. No puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática, pues la fracturación hidráulica no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción, afecta territorios y pueblos concretos convirtiéndolos en zonas de sacrificio, por lo que es indispensable incluir al conocimiento indígena.
Como quinto punto, la AMCF indica que para ser un espacio serio de deliberación, en este comité también deben pesar los principios precautorios, pro agua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Para concluir, apuntan a que si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no será un ejercicio de deliberación pública sería, sino una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
