Adriana Ochoa
El camino al infierno se adoquina frecuentemente con intenciones nobles. En San Luis Potosí, la llamada “Ley Serrano” nació con el argumento de defender al ciudadano común de los excesos de la tecnología y la difamación digital.
Sin embargo, los diputados que la votaron exhibieron una ceguera democrática alarmante. Al redactar el texto, se incluyó a las “autoridades” como víctimas protegidas, transformando una herramienta civil en un garrote penal contra la disidencia.
No es todo: con el ambiguo concepto de “alarma social” se abrió una compuerta peligrosa. Bajo este supuesto, cualquier crítica incómoda o revelación periodística más o menos ruidosa puede ser catalogada como delito, castigando la libre opinión con penas de prisión efectiva.
La aplicación inaugural de esta ley, tres personas detenidas por una conducta tipificada como delito en fecha posterior a su comisión, ha expuesto con mayor claridad el riesgo ya advertido. El oficialismo defiende una legislación técnicamente defectuosa. Su ignorancia constitucional les impide ver que han otorgado un cheque en blanco al poder para perseguir penalmente a los adversarios políticos.
La polarización imperante nubla el verdadero trasfondo de la crisis. Las recientes detenciones de comunicadores, y la desaseada actuación procesal de la Fiscalía General del Estado, han puesto el foco del autoritarismo sobre el gobierno estatal y el Congreso que controla.
Ya con los cuestionamientos encima, se alega a manera de justificación la calidad de los productos comunicativos de algunos implicados. Ciertamente, carecen muchas veces de rigor periodístico, confunden razón con militancia, insultan más que argumentan, cuando no exhiben la personal casquería sin pudor alguno.
Pero el propio gobierno estatal ha prohijado y financiado a personajes de idéntica o peor catadura. En San Luis Potosí no son novedad los gobernadores con apetito marcado por espacios mediáticos, pero en esta administración la comunicación social devino, con mayor acento, en una actividad siniestra.
El entramado oficialista ha degrado el ecosistema con subvenciones, vocerías, contratos y nóminas para comunicadores muy por debajo del estándar periodístico. Son críticos con subsidio que golpean cualquier voz que resulte disidente: líderes empresariales, sindicatos, funcionarios, adversarios políticos. Hay incluso otra especie, una suerte de “montaescándalos” con permiso para escrachar a personas sabidamente non gratas al régimen.
Este ecosistema se construye sobre una profesión depauperada y dependiente. Como advirtió la Fundación Gabo en su estudio Desiertos de Noticias, el modelo financiero de los medios mexicanos está peligrosamente expuesto a las pautas institucionales. El reporte confirma que “el proyecto periodístico predominante en San Luis Potosí funciona a través de una página o perfil de Facebook”; no sorprenda entonces que los detenidos e implicados no publiquen en un medio formal.
La opacidad en la distribución de la publicidad oficial en el país entero condiciona la autonomía. El dilema es brutal y asfixiante en las regiones: o se guarda una obligada sumisión ante el gobernante en turno, o se condena al medio a la quiebra.
El reporte de Fundación Gabo destaca que los reporteros potosinos denunciaron un clima de hostigamiento constante, amenazas directas y digitales, además de presiones gubernamentales. El colmo del descaro ocurrió cuando funcionarios gubernamentales pretendieron intimidar a la propia investigadora de la Fundación al enterarse de sus indagatorias: “Durante el desarrollo de este estudio, uno de los medios contactados para participar en el sondeo alertó a la dirección de Comunicación Social del estado, cuyos funcionarios pidieron explicaciones sobre la naturaleza y el objetivo de las encuestas”.
El poder local ha detonado una verdadera industria del acoso mediático, con recursos públicos. A ver si la Fiscalía actúa con la misma celeridad cuando alguno de los afectados, ciudadanos comunes, denuncien un deepfake. El ex candidato de MC a la alcaldía de Rioverde Leobardo Guerrero consiguió, ante la justicia federal, una sanción por más de medio millón de pesos para un periódico que se dedicó a acosarlo y difamarlo en la campaña para favorecer al candidato del partido del gobernador. La lucha legal de Leobardo duró casi dos años.
El fenómeno de degradación con patrocinio oficial responde con precisión matemática a la Ley de Brandolini, o el principio de asimetría de la estupidez: el esfuerzo para refutar una falsedad es un orden de magnitud mayor que la energía necesaria para producirla. El gobierno potosino aprovecha esta asimetría para moldear narrativas interesadas, mientras persiguen judicialmente a cualquiera que no vaya en su línea.
La defensa oficialista de la “Ley Serrano” -llamada así por el diputado que la presentó, Héctor Serrano-, pretende aislar las detenciones de su contexto. Niega que San Luis Potosí se haya convertido en una versión tropical y genérica de La hoguera de las vanidades, la célebre novela de Tom Wolfe sobre fiscales ambiciosos, líderes convenencieros y prensa sensacionalista que trituraban la verdad en aras de agendas personales. La sátira adquiere hoy una vigencia aterradora. En el escenario potosino, el poder ya no necesita que alguien invente el escándalo: el propio aparato gubernamental lo fabrica y lo convierte en un delito penal.
El riesgo actual ya no es la simple difamación en las páginas de un tabloide. En este territorio, el disentir se purga con la pérdida de la libertad. La organización Artículo 19 ha denunciado la flagrante desproporción de este proceso. Su diagnóstico es nítido: la deriva autoritaria de la Fiscalía representa una amenaza colectiva que trasciende por completo a los periodistas.
La libertad de expresión no es un privilegio corporativo de la prensa. Es un derecho humano inalienable de toda la ciudadanía, sin importar su militancia, su ocupación, su afiliación a un proyecto político alterno a la gubernatura o su posición en la escala social.
Regular la inteligencia artificial y los deepfakes es un fin legítimo, sí. Sin embargo, criminalizar la disidencia mediante tipos penales abiertos convierte a la “Ley Serrano” en el ejemplo más nítido de lawfare y persecución judicial en el México actual.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
