El autor intelectual

Alejandro Rubio

¿Cuántos medios de comunicación potosinos puede nombrar en este mismo momento? No más de 10, se lo aseguro.

¿En cuántos de esos 10 medios se firman todas las publicaciones que se hacen y además tiene un directorio a la vista y una dirección física? Muy, muy pocos.

Luego de este pequeño ejercicio de memoria, valdría la pena preguntarse: entonces ¿por qué durante el mes de abril hubo 59 pagos por concepto de publicidad en el Ayuntamiento de San Luis Potosí?

El concepto de cada pago se limita a “PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2026”, sin especificar a qué medio de comunicación se entregó ese dinero. La mayoría de los beneficiarios son personas físicas, lo que vuelve aún más complicado conocer dicha información, salvo por uno que otro nombre conocido.

En la siguiente tabla usted podrá consultar todos los pagos a medios de comunicación que realizó la administración de Enrique Galindo Ceballos en abril:

De una vista rápida me surge una pregunta: ¿cuál fue el criterio que se utilizó para pagarle a José Antonio Meza Rojo un total de 285 mil 714 pesos y a Sergio Felipe Marín Espinosa 8 mil pesos? ¿La estrategia de publicidad rindió mejores frutos con el primero? ¿Dónde hay un dictamen, estudio o cualquier documento que avale la necesidad de pagarle al segundo?

En el Gobierno del Estado ocurre lo mismo, solo que lo ocultan y lo poco que se puede ver está disperso en todas las dependencias. Por ejemplo, en abril la periodista Iraís Valenciano documentó el pago por concepto de “promoción y difusión de comunicación social” a ocho personas físicas y morales, a través de los parques Tangamanga. El monto total erogado sumó 7 millones 968 mil 215.32 pesos.

Y el Congreso del Estado no se queda atrás. En marzo (porque los egresos de abril no los ha publicado) pagó 464 mil 582.03 pesos por conceptos como “TRANSMISIÓN DE SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO” y “PUBLICACIÓN DE BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO”. ¿A quiénes? Aquí lo puede consultar:

Lamentablemente la supervivencia de la mayoría de los medios de comunicación está sujeta al presupuesto público, es decir, el pago de esta publicidad.

Casi siempre el nacimiento de una nueva página web o página de Facebook significa un nuevo hueco en el erario de algún Poder, ayuntamiento o dependencia.

Y, aunque hay sus contadas excepciones, son casos muy extraños.

Así como hay una errónea idea de que se entra al gobierno para “hacerse rico”, también cada vez crece más el pensamiento de hacer “periodismo” para comenzar a cobrar en gobierno.

Ambas concepciones no podrían estar dañando más a la sociedad.

Sin embargo, aunque desde la autoridad pareciera que hay interés por comenzar a regular los contenidos que simulan ser periodismo, la realidad es que solo está creando armas para mantenerlos bajo control.

En primer lugar, porque son ellos mismos quienes incitan a la creación y difusión de información falsa, cuyo único objetivo es denostar a su adversario, pero no dan la cara, se esconden, por ejemplo, detrás de 59 pagos por concepto de “publicidad”; o de “publicación de banner de trabajo legislativo”.

Son las letras chiquitas en los contratos de comunicación social, porque no solo contratan publicidad, sino también armas que disparan cuando lo necesitan.

Y esto será un cuento de nunca acabar, porque todos lo hacen, la diferencia está en quién ostenta hoy el poder y quién lo tendrá mañana.

Si desde el Congreso de verdad se quisiera comenzar a diferenciar lo que es periodismo y lo que no, primero tendría que regular los propios pagos que hace, pero claro que esto no les interesa, porque los mismos diputados y funcionarios públicos también han hallado en la creación de páginas de noticias, una fuente de donde rascarle dinero al erario.

En la coyuntura de la detención de dos personas relacionadas con la comunicación social, supuestamente por el uso de inteligencia artificial para manipular, sin autorización, la imagen de una persona, vale la pena revisar el origen de este tipo de actos, ¿qué o quién los motiva?

A las dos mujeres detenidas se les vincula con una página de Facebook nombrada como “San Wicho Times”. Se sabe que una de ellas recibe pagos por concepto de publicidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de hecho, se le puede hallar en la primera lista de este texto. La otra es trabajadora del propio Gobierno Municipal.

Con observar tan solo 5 minutos la página de Facebook referida es fácil darse cuenta de que tiene una línea editorial enfocada en señalar a Ricardo Gallardo Cardona. Ojo, no de izquierda ni de derecha, únicamente enfocada en el gobernador.

Por ningún lado se observa referencia alguna a publicidad del Ayuntamiento capitalino ni en un post ni en anuncios.

Entonces, ¿cómo o por qué es que desde la administración de Enrique Galindo se decidió destinar recursos públicos a personas que manejan este portal?

¿Si se probara que el Gobierno Municipal es el principal financiador de este portal, es también responsable de los contenidos que se generan? Por ende, ¿un tercer involucrado en el delito?

Es algo que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral vigila muy de cerca durante las elecciones, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de las campañas? Y se intenta que no se superen cantidades excesivas ni se involucren intereses ilegales.

Al final estos portales de noticias no se motivan solos. Nadie hace campañas negras por diversión.

Detrás de comunicadores que utilizan el periodismo para atacar, siempre habrá un político o funcionario público que financia estas acciones.

Hoy ellos quieren “regular” el periodismo, la libertad de expresión y el uso de inteligencia artificial, pero ¿cuándo se les va a regular a ellos? Los verdaderos autores intelectuales.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.