El debate político de SLP pasa de la seguridad a las boyas

Fernanda Durán

La confrontación política en la capital de San Luis Potosí dio un giro este martes 27 de mayo, ya que el debate público dejó de centrarse en la seguridad y se trasladó al terreno de la infraestructura urbana y las acusaciones de violencia política de género. Lo que comenzó hace más de dos semanas con exhortos legislativos y cuestionamientos hechos en materia de seguridad, ahora se convierte en una disputa por la legitimidad de acciones emprendidas por la senadora Ruth González Silva en la capital potosina.

La controversia se reavivó luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos, al ser cuestionado sobre la instalación de boyas por parte de la senadora, señaló que cualquier acción en la ciudad debía apegarse a los ordenamientos respectivos y notificarse al Ayuntamiento.

En respuesta, el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, acusó al alcalde de obstaculizar el trabajo de la legisladora federal.

“Resulta indignante para muchos potosinos, para la gente que vivimos aquí en la capital, que hoy se critique la capacidad de gestión que tiene la senadora Ruth González. Resulta increíble que hoy se cuestiones que hay gestión para poner baches, para pintar situaciones que la gente solicita. Hoy mucha ciudadanía ha encontrado en la senadora Ruth González un camino, un enlace para para gestionar lo que a la capital tanta falta le hace, que son servicios y que es atención”, reclamó en un video difundido en redes sociales.

Segura Morquecho no sólo defendió las acciones de la senadora, sino que también retomó el tema de la inseguridad para insistir en que la administración capitalina ha sido omisa.

“La seguridad pública de la capital potosina no está bien. El alcalde se ha quejado muchas veces de que hay intromisión, pero en el tema de seguridad hay una omisión como en toda la capital. Lo que pedimos los capitalinos es de que se ocupen de hacer lo que se necesita y principalmente la seguridad que hoy está por los suelos”, afirmó.

Por su parte, la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, se sumó a las críticas y fue más allá al acusar al edil de ejercer violencia política en razón de género contra Ruth González.

A través de un comunicado, Rocha Medina llamó a detener “actitudes de esta índole, en donde el protagonismo y la soberbia mandan”, y que la capital necesita a todos “porque tenemos una autoridad omisa y ausente, que prefiere los viajes y el aplauso fácil más que atender las necesidades básicas de los capitalinos”.

Rocha Medina manifestó que es momento de sumar, no de dividir ni restar, y que es “bienvenida la ayuda de quienes sí tienen voluntad y capacidad de gestión y respuesta”.

Frente a estos señalamientos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí fijó su postura institucional a través del secretario general, Fernando Chávez Méndez, quien exhortó específicamente a Segura Morquecho para que deje de politizar los servicios públicos municipales y la seguridad, y prioricen el trabajo conjunto en favor de la ciudadanía.

Chávez Méndez advirtió que la falta de coordinación, cuando se prioriza el protagonismo sobre la colaboración institucional, sólo genera desinformación, duplicidad de funciones y uso ineficiente de los recursos públicos.

“Cuando cada institución actúa por su cuenta, sin coordinación y con ánimos de protagonismo, se avanza poco y se entorpece el servicio a la población. Lo que está en juego no es una disputa partidista, sino la calidad de vida de las y los potosinos”.

El funcionario también recalcó que el Gobierno Municipal mantiene una política de puertas abiertas, pero toda cooperación debe realizarse con apego a la legalidad y al respeto de competencias.

“El Gobierno de la capital está abierto a sumar, pero con respeto a las funciones de cada quien”.

El debate sobre quién gestiona mejor los servicios urbanos y la seguridad en la capital se ha convertido en una arena de disputas partidistas, donde las obras públicas y las declaraciones institucionales no sólo reflejan diferencias administrativas, sino también narrativas políticas en disputa sobre quién sí responde a la ciudadanía y quién no.

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